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Denuncian total opacidad en Pemex

18 de julio de 2008.

El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, denunció la presencia de empresas, nacionales y extranjeras, contratadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) que no le rinden cuentas a nadie y se manejan con total opacidad.

Durante el foro petrolero número 20 que se realizó en el Senado de la República, esta ocasión con el tema “Transparencia, rendición de cuentas y corrupción en Pemex”, el encargado de vigilar los recursos públicos desde el Poder Legislativo, aseguró que en la revisión a las cuentas públicas de los últimos seis años se detectó que 21 empresas que laboran para la petrolera “no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia en la Cuenta Pública Federal”.

Aunque no mencionó los nombres de las empresas denunciadas, González de Aragón indicó que ello refleja la opacidad, complejidad y confusión en las inversiones de Pemex, “en acciones de empresas nacionales y extranjeras”.

Afirmó que el desarrollo de la industria petrolera, como parte de la política energética, no sólo será posible si ésta se sustenta en una sólida situación financiera, cuya viabilidad requiere de acciones decididas del Gobierno Federal en materia fiscal, regulatoria y estructural.

Indicó que antes de sangrar fiscalmente a Pemex, la Secretaría de Hacienda debe hacer su trabajo y resolver los grandes problemas tributarios y de eficiencia regulatoria que aquejan al país, como el hecho de que la devolución de impuestos se encuentre altamente concentrada en el país, lo que contraviene el principio de equidad fiscal.

“En 2005, 50 grandes contribuyentes pagaron de ISR 74 pesos en promedio”, dijo. Asimismo, se detectaron contribuyentes con adeudos de créditos fiscales que obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT.

El auditor superior de la Federación reitero que antes de seguir exprimiendo a Pemex, es urgente mejorar la eficiencia recaudatoria para obtener mayores recursos, como ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal de la economía, acabar con el contrabando, simplificar el marco jurídico impositivo, reducir los regímenes especiales, contar con una política fiscal de largo plazo, otorgar certeza jurídica y mejorar la recuperación de las obligaciones en litigio.



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