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Insiste Congreso a EE.UU. a acatar fallo de la CIJ sobre ejecución de mexicanos

24 de julio de 2008.

El Congreso de México exhortó hoy a Estados Unidos a cumplir la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los cinco mexicanos condenados a muerte en el estado de Texas, uno de los cuales podría ser ejecutado dentro de dos semanas.

En un comunicado, la Comisión Permanente del Congreso, el órgano que representa al Legislativo en sus periodos de receso, instó a las autoridades estadounidenses a paralizar las ejecuciones en tanto el tribunal internacional no resuelva la solicitud planteada por México el pasado 5 de junio.

Según el acuerdo, suscrito por la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, Estados Unidos tiene la "obligación" de revisar y reconsiderar las condenas.

La resolución demanda también atención inmediata sobre el caso de José Ernesto Medellín, cuya ejecución por inyección letal está programada en Texas para el 5 de agosto, a fin de que no se lleve a cabo conforme a lo estipulado por la CIJ.

Se plantea también una reunión con el embajador estadounidense en México, Antonio Garza.

Asimismo, el llamamiento respalda a la legislación presentada recientemente ante el Congreso de EE.UU que faculta a las cortes de ese país a considerar los casos de los extranjeros que no fueron informados de su derecho a la información consular.

Los cinco mexicanos condenados a muerte figuran entre un grupo de 51 a quienes se les negó el contacto con las autoridades consulares de su país, tal como lo establece el derecho internacional, según la ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

Los sentenciados son José Ernesto Medellín Rojas, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos.

La semana pasada el gobernador de Texas, Rick Perry, señaló que la CIJ no tiene autoridad sobre Texas y el estado no está obligado a acatar la norma de un tribunal extranjero.

Por su parte, el Departamento de Estado señaló que el Gobierno de EE.UU. tampoco podría forzar a Texas a parar las ejecuciones.





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