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Pidió EU modificar estrategia antinarco

4 de agosto de 2008.

La reestructuración de la Procuraduría General de la República (PGR) y otras dependencias judiciales civiles está considerada dentro de las acciones que debe aplicar el gobierno de México en el marco de la Iniciativa Mérida y cuya versión promulgada fue acordada por los gobiernos de ambos países, indicaron funcionarios del Departamento de Estado Norteamericano.

“Dentro de la Iniciativa Mérida se determinó construir una estrategia para el combate al narcotráfico y se consultó a las autoridades de México para aplicar tanto reformas legales como la reestructura de las instituciones de impartición de justicia y la transparencia de las actividades en esas áreas”, indicó el funcionario del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado por no estar autorizado para comentar públicamente al respecto.

Los acuerdos incluidos, señaló, permitirán eliminar aspectos relacionados con la corrupción y la posible protección a los cárteles, pero también establecerá nuevas áreas de responsabilidad y la necesidad de hacer más transparentes las acciones de cada área judicial, con lo cual se podrá conocer la aplicación formal de los recursos de la Iniciativa Mérida, que en ningun momento serán en efectivo.

“Sabemos que existen funcionarios del gobierno de México que han sido amenazados por el narcotráfico, pero también sabemos de quejas del desempeño, por lo que la reestructuración permitirá mejorar a las instituciones civiles judiciales”, detalló otro funcionario del Departamento de Estado consultado al respecto.

La reestructuración de las dependencias, agregó, “también permitirá abrir formalmente investigaciones sobre aquellos funcionarios que pudieran estar relacionados con los cárteles del narcotráfico, sin que su remoción implique una acusación directa, pero en algunos casos sus nombres han sido citados por testigos protegidos”, refirió.

Sin embargo, el funcionario no precisó las dependencias, ni los nombres de los funcionarios o ex funcionarios que están incluidos en investigaciones, ya sea del gobierno de Estados Unidos o del de México, argumentando que al estar incluidas en investigaciones del Departamento de Justicia no pueden ser dados a conocer porque implicaría violar la ley.

Pero indicó que la propia Iniciativa Mérida establece como requisito para la liberación del 15% de los fondos a México “que fiscales y autoridades judiciales investiguen a funcionarios federales y militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, así como exista cooperación de esas fuerzas públicas en el desarrollo de las investigaciones”.

La Ley 2642, en la que están integrados los fondos de la Iniciativa Mérida, detalla que en un plazo no mayor de 45 días a partir de la promulgación de ésta, el secretario de Estado norteamericano, previa consulta con las autoridades de México, deberá presentar por escrito ante el Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos un pormenorizado plan de la futura aplicación del presupuesto, así como las metas que se pretende alcanzar en el año fiscal 2009.

Por ello, dijo, será hasta que se presente ese plan cuando se conozca cuál será el monto que cada área civil y militar del gobierno de México recibirá en especie.

Adicionalmente, establece que 15% del monto total aprobado no podrá estar disponible para México hasta que el secretario de Estado norteamericano informe por escrito al Comité de Apropiaciones que el gobierno mexicano haya mejorado la transparencia y rendición de cuentas en las fuerzas policiacas a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo la creación de comisiones de quejas contra policías, las cuales deberán tener autoridad e independencia para recibir quejas y realizar las investigaciones correspondientes.



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