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Se le agota el tiempo a Medellín

5 de agosto de 2008.

El mexicano José Ernesto Medellín, condenado a muerte por la violación y asesinato de dos menores en 1993, confía, según sus abogados, en que al menos se produzca un retraso en la ejecución prevista para hoy, una vez que la Junta de Perdones de Texas rechazó ayer recomendar clemencia para él.

Los seis miembros de la Junta de Perdones, designados por el gobernador Rick Perry, se manifestaron de forma unánime en contra de aconsejar el perdón, según indicó la directora de Asuntos Legales de ese organismo, María Ramírez.

De esta manera, Medellín será ejecutado hoy a las 4:00 p.m. (hora de Los Ángeles) en el penal de Huntsville con una inyección letal, a no ser que la Suprema Corte acepte el aplazamiento que han solicitado sus abogados o de que el gobernador Perry decida una suspensión de no más de 30 días.

"Esto deja todo el caso en manos del Supremo", comentó la portavoz del equipo de abogados que representa a Medellín, Katherine Hoffman, consciente de que es poco probable que el gobernador aplace la ejecución, ya que ha dicho en diversas ocasiones que iba a respetar la recomendación de la Junta de Perdones.

La Junta de Perdones sólo ha pedido conmutar una sentencia de muerte en una ocasión desde diciembre de 2000, pero Perry la rechazó y el reo fue ejecutado.

La decisión que adopta este organismo es una recomendación para el gobernador, de manera que no es vinculante.

Aun cuando la resolución ha sido no recomendar clemencia, el gobernador tiene la capacidad legal de aplazar la ejecución por un máximo de 30 días, según explicó la portavoz de Rick Perry, Alison Castle.

Castle dijo que, en cualquier caso, el gobernador decidirá sobre el caso hoy.

El lunes, los abogados de Medellín solicitaron al Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito un aplazamiento, además de autorización para presentar nuevas apelaciones en nombre de su cliente. También esperaban tener noticias de la Suprema Corte de EEUU, donde el viernes solicitaron detener la ejecución hasta que se apruebe una nueva ley que formalice la revisión de casos.

Castle afirmó que las nuevas maniobras legales eran intentos "para demorar el proceso al probar con diferentes cosas a ver si alguna resulta".

El lunes, la Procuraduría General de Texas urgió a la Suprema Corte a rechazar las apelaciones, afirmando que la ejecución "cumple plenamente con el derecho internacional" y observando que los jueces ya habían dictaminado que las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia no formaban parte de leyes de EEUU ni eran vinculantes en los tribunales estadounidenses.

Medellín pasó el lunes con sus padres y su abuela en la zona de visitas para los prisioneros condenados a muerte en la Unidad Polunsky en las afueras de Livingston. Michelle Lyons, portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas afirmó que las autoridades de la prisión llevaron a cabo arreglos especiales para permitir que sus padres lo visitaran.

A la pareja se le había prohibido el ingreso a la Unidad Polunsky en los últimos siete años, después de que las autoridades fueran informadas de que ellos y otros familiares habían hablado sobre un posible intento de escape durante una visita a Medellín en 2001, afirmó Lyons.



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