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Reprueba Coparmex combate anticrimen

12 de agosto de 2008.

Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex), cuestionó el desempeño de las autoridades frente a los diversos ilícitos. “Nuestras autoridades llegan tarde en todas las ocasiones” expresó.

Un día después de que la cúpula empresarial de México cuestionó la confiabilidad de los encargados de la impartición de justicia, a través de un desplegado publicado ayer en distintos medios de comunicación, el dirigente empresarial dijo que de nada sirve establecer penas altas o penas de muerte si los criminales no son detenidos, juzgados, sentenciados y castigados: es la impunidad lo que envalentona a los secuestradores y asesinos, comentó.

Lorenzó Ysasi, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), se refirió también al tema y sostuvo que el poder de la delincuencia ha logrado traspasar los mandos superiores de las corporaciones policiacas.

El representante reconoció el trabajo de miles de efectivos, pero dijo que la corrupción ha permeado a los altos mandos de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Los representantes coincidieron en que aumentar el número de años en prisión es un paliativo que no resuelve el problema de fondo. Miguel Marón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), indicó que entre 3% y 4% del costo total de los productos son propiciados por la erogación de los empresarios a temas de seguridad.

Marón aseguró que los resultados de la impartición de justicia en México son pobres y que en todo caso se tiene que trabajar en el castigo a los delitos y evitar que prevalezca la impunidad.

González Sada aseguró que la población ha cedido parte de sus libertades a las autoridades para conseguir una mejor protección; sin embargo, en el balance de las cuentas, son las autoridades las que quedan a deber.

“Esperamos a que nos atiendan en oficinas burocráticas. Nos detienen en retenes para revisiones. Aceptamos que nuestros teléfonos sean intervenidos”.

La IP aseguró que cada vez que se eleva voz y se exigen cuentas efectivas, recibimos por respuesta descalificaciones, más burocracia, respuestas políticas, echadas de culpas de una a otra autoridad, humillaciones y, por supuesto, más crimen, más brutalidad.

Y asi expresó que en el presupuesto de egresos de la federación es necesario destinar recursos a la mejoración de las condiciones de las prisiones mexicanas.

Las cárceles en lugar de funcionar como readaptadores sociales, funcionan como universidades del crimen.



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