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PGR indaga desaparición forzada: SG

15 de agosto de 2008.

La Secretaría de Gobernación (SG) informó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz, reclamados por Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La dependencia señaló en un comunicado que la indagación permitirá conocer si efectivamente se trata de ese delito, todo con plena autonomía en la impartición de justicia.

Luego, la Comisión de Mediación entre el Ejecutivo y el grupo armado concluyó que los eperristas fueron “desaparecidos de manera forzada” por el Estado.

El 25 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez desaparecieron en la ciudad de Oaxaca. El 5 de junio, en un comunicado, el EPR denunció que fueron detenidos por fuerzas del orden local y entregados a autoridades federales sin que fuesen presentados en ningún lugar, ni acusados formalmente de ningún delito.

Los integrantes de la comisión, encabezados por Carlos Montemayor, además de Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monje, Rosario Ibarra, Gilberto López y Rivas y Enrique González Ruiz, subrayaron la negativa del Estado para “reconocer” que es un caso de “desaparición forzada”.

“Con estas condiciones resulta inexplicable la resistencia gubernamental a aceptar, como consecuencia lógica, la reclasificación de la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada de persona en lugar de secuestro”.

Argumentó, en conclusiones divulgadas ayer en conferencia, que “todas las informaciones recabadas por ésta comisión apuntan a que los dos militantes del EPR, fueron detenidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

Antes de que la comisión informará sus conclusiones, Gobernación emitió un boletín, donde dijo: “La PGR desarrolla sus investigaciones sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona”.

La Comisión de Mediación aseguró no tener aún a los responsables materiales de la desaparición, y se quejó de que el gobierno federal no ha tenido “acciones concretas y voluntad política para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR”.

Aseguraron que hay un “nulo avance de las acciones procesales”, para dar con la localización de ambos eperristas.

Además, Montemayor se quejó de la falta de transparencia del gobierno para acceder a expedientes o a instalaciones como campos militares o las oficinas de la SIEDO en la PGR.





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