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Ofrece Mouriño fijar agenda para enfrentar el secuestro

15 de agosto de 2008.

Este viernes, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se comprometió a establecer una agenda común entre autoridades federales y sociedad civil a fin de enfrentar el secuestro y la delincuencia organizada que opera en territorio nacional.



Tras reunirse en privado con Mouriño, María Elena Morera, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que se exigirá a las autoridades fijar tiempos "que les vamos a ir contando" para que den resultados.

"Ya no queremos discursos, ya no queremos que nos digan que si lo van a hacer, lo que hemos venido exigiendo es que queremos fechas y que queremos que nos digan cómo", precisó. Morera subrayó que habrá un seguimiento ciudadano estricto de las acciones gubernamentales.

Precisó que mañana se reunirá con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para conciliar todas alas agendas de las diversas organizaciones ciudadanas que han demandado una respuesta al problema del secuestro.

La reunión con Morera, una de las principales activistas de la sociedad civil mexicana contra el secuestro en todas sus modalidades, se dio minutos después de que Mouriño se entrevistara con Roberto Campa, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Morera señaló en entrevista que en los próximos días se reunirán con legisladores con miras a la consolidación de una ley que regule la telefonía celular. Confió en la colaboración de las empresas de telefonía móvil del país. Argumentó:

"Los ciudadanos en este sentido lo que estamos pidiendo es que todos los teléfonos tengan nombre y apellido como una identificación oficial y que existan los recursos tecnológicos necesarios para que cuando tengamos un problema de secuestro, inmediatamente pueda ser localizado".

Detalló que "no estamos pidiendo penas más severas... no creemos que eso nos vaya a solucionar el problema. El problema es de impunidad".

Subrayó que si integrantes de la Suprema Corte consideran que las averiguaciones previas no son bien atendidas que hagan una recomendación a las procuradurías para mejorarlas.

Indicó que la sociedad civil analizará directamente con el Legislativo sobre las leyes secundarias de la Ley de Seguridad y Justicia. A fin de que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que va del 1 de septiembre al 15 de diciembre se pueda atender por completo esta problemática.

"Al final del día lo que los ciudadanos buscan, el problema de México es la impunidad y corrupción. Queremos que drásticamente baje el problema de impunidad el problema del secuestro y en general de los demás temas", recalcó.

A su salida de las oficinas de Mouriño, indicó que el espacio que queda entre autoridades y ciudadanos debe ser tomado por alguien "no por la delincuencia". Dijo que es necesario hacer frente común a la criminalidad, pero aclaró que sólo será posible si la autoridad da una respuesta real.

Informó que el secretario de Gobernación dio su respaldo al "observatorio ciudadano". Indicó que se empujará un número 01 800 a fin de que se puedan denunciar secuestros desde cualquier parte del país; "esto es fácil de detectar (casas de seguridad) las podemos ver con cortinas cerradas y la música a todo volumen", comentó.

Morera dijo que la sociedad civil también desea dialogar sin intermediarios con el Poder Judicial para bordar específicamente el tema del secuestro pues "hemos visto un gran vacío, un vacío judicial, queremos que ellos estén presentes con sus compromisos".

"Esta -puntualizó- es una exigencia a las autoridades porque ellos han descuidado nuestra seguridad y es una exigencia para que cada uno de los ciudadanos veamos qué es lo que le corresponde hacer y realmente lo hagamos".

Demandó a la clase política nacional a estar a la altura de los ciudadanos pues la inseguridad, asentó, es un problema del gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal y de los gobiernos estatales que afecta severamente a la población.

"Creo que ya llegó el momento de que cada quien se responsabilice de lo que le toque. Que el ministro se responsabilice de lo que le toque al Poder Judicial, y no del MP y el MP de lo que le corresponde y la policía, cada quien que haga lo que le toca y nosotros los ciudadanos lo que nos toca y se acabó", concluyó.



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