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Firmarán Estado y ciudadanía Acuerdo por la Seguridad

21 de agosto de 2008.

México, DF.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades federativas, medios de comunicación, sector productivo y asociaciones religiosas suscribirán varios compromisos en pro de la seguridad de México.

En un documento de 23 cuartillas establece que este acuerdo es un mecanismo entre los poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado y los sectores privado y social, a fin de realizar acciones específicas a favor de la seguridad.

En en el texto se definen objetivos comúnes a corto, mediano y largo plazo para unir fuerzas en el combate al crimen organizado y la delincuencia.

En el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad, el Ejecutivo federal se compromete a establecer unidades contra el secuestro y el "lavado" de dinero, además de fortalecer la denuncia ciudadana y el monitoreo de la telefonía celular.

Tambíén se compromete a la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En los apartados de este acuerdo se advierte que ante los agravios y la violencia causados por este flagelo "los mexicanos exigen una coordinación y una cooperación entre los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, por encima de cualquier diferencia política o ideológica".

En los compromisos que adquiriría el Poder Ejecutivo federal estaría la depuración y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, regular a los organismos públicos y privados de certificación y crear un modelo de evaluación y control de confianza.

Además impulsará la creación de centros estatales de control de confianza certificados y establecerá un sistema nacional de desarrollo policial y ministerios públicos.

Esto tendrá el objetivo de perfeccionar los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de los elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia y de sus propios mandos.

También apoyará a los estados en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad de acuerdo a las competencias de cada orden de gobierno. Para lograrlo se fortalecerá y apoyará la creación y formación de unidades estatales para el combate al secuestro.

El Ejecutivo federal deberá formular y emitir una estrategia nacional contra el "lavado" de dinero, fortalecer y consolidar redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional.

Además regulará el registro, establecimiento y acceso a base de datos de los equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en caso que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas.

Plantea también asegurar la cobertura de un número único en el país para la atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia anónima (089).

Establecerá un mecanismo de recompensa para quien proporcione información verídica sobre actividades de la delincuencia y prevé fortalecer con la participación de la sociedad civil el sistema de denuncia contra la corrupción de servidores públicos de seguridad.

A su vez, adecuará el modelo de coordinación y el arreglo institucional de la atención a la seguridad pública para garantizar la responsabilidad compartida entre la federación, estados y municipios.

El texto indicó que se pretende también llevar a cabo la actualización de las licencias colectivas de portación de armas que expida la Secreatría de la Defensa Nacional (Sedena) a los cuerpos de seguridad pública.

Asimismo expedirá la cédula de identidad ciudadana, fortalecerá el sistema penitenciario, con el cual se pretende construir dos centros federales y 10 estatales de readaptación de alta seguridad, que incluyan módulos especiales para secuestradores.

Tambíén fortalecerá el sistema de aduanas a través de la modernización de la tecnología para reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y precursores químicos.

Consolidará un sistema único de información criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre las diversas instancias de gubernamentales para combatir el delito, entre otras.

Para todos estos compromisos establece diversos plazos para su ejecución que van desde los seis meses hasta los tres años, así como la necesidad de presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión para lograr los objetivos.

El acuerdo con los gobiernos de las alcaldías también establece el compromiso de incrementar y etiquetar asignación de recursos para la operación y desarrollo de las policías municipales, y llevar a cabo la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policacos y de impartición de justicia.

En tanto, el Poder Legislativo se compromete a dictaminar iniciativas en la materia de seguridad y justicia en ambas Cámaras durante la presente legislatura y a establecer competencias concurrentes que permitan su aplicación eficaz.

Los órganos legislativos también deberán alentar un sistema de ejecuciones de sanciones penales, reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro, narcotráfico y otros cometidos con violencia.

Otro objetivo es crear una ley específica del delito del secuestro y que la Auditoría Superior de la Federación revise la aplicación de recursos, en las entidades federativas y los municipios, en seguridad pública y procuración de justicia.

El Poder Judicial de la federación se compromete a brindar acceso a la sociedad al sistema de indicadores de desempeño a través, principalmente, del observatorio ciudadano que se propone en este acuerdo.

Encabezará desde el Consejo de la Judicatura Federal la conformación del Sistema Nacional de Estadística Judicial para recopilar y poner a disposición de las autoridades y de la sociedad la información de procesos judiciales estatales y federales.

Se prevé incrementar las medidas de seguridad de jueces y magistrados que ejerzan jurisdicción en materia penal, particularmente en caso de delincuencia organizada, para salvaguardar su integridad y la independencia e imparcialidad de su trabajo.

Plantea fortalecer las condiciones de seguridad en el caso de personas sometidas a procesos penales relacionados con la delincuencia organizada y narcotráfico, mediante un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal.

Este pacto otrogará competencia a los juzgados de Distrito, ubicados en lugares que cuenten con reclusoriso de alta seguridad, para que conozcan de delitos cometidos en cualquier parte del país.

Otros compromisos establecen mecanismos y programas para la selección de jueces y para su especialización en materia penal y en justicia para adolescentes.

En tanto, los integrantes del sector productivo se comprometerían de acuerdo a la propuesta preliminar a promover y facilitar entre todos los actores la denuncia sistemática de cualquier acto ilícito o injusticia laboral.

Adaptarán los registros electrónicos de trabajadores, proveedores y clientes a las normas del padrón único del Registro Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad.

El acuerdo también alcanza a los medios de comunicación, los cuales comprometerían a incrementar sus contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, así como la prevención y atención de adicciones.

Las asociaciones religiosas también suscribirían este documento en el cual que se compromenten a fomentar la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.



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