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Factor principal de crímenes en el país se debe a la impunidad

25 de agosto de 2008.

La impunidad es quizás el principal factor que promueve la criminalidad. De acuerdo con datos recientemente publicados por el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC), de 100% de los delitos que se cometen en México, sólo 1.71% acaban en una consignación por parte del sistema de procuración de justicia.



En otras palabras, la probabilidad de que un criminal acabe en la cárcel sujeto a juicio por el delito que cometió es de menos de dos por ciento. Y, de acuerdo con el CIDAC, la probabilidad de que un delito acabe en una sentencia condenatoria es de 1.24%. Con estas tasas de impunidad, no sorprende la gran cantidad de actos delincuenciales que hay en México. Lo que sorprende es que no haya más.

Hace poco un grupo de comentaristas comimos con un ejecutivo español de los medios de comunicación. Nos preguntó: “¿Cuántos políticos en México están en la cárcel por corrupción?” Nos pusimos a pensar. Salió el nombre de Mario Villanueva. Sin embargo, el ex gobernador de Quintana Roo está encarcelado por el delito de narcotráfico y no por enriquecimiento ilícito. Supongo que estirando un poco el concepto se puede argumentar que el narcotráfico es una forma de corrupción gubernamental. Pero no recordamos otro nombre más.

Efectivamente, en México no hay políticos en la cárcel por corrupción. No se castiga este delito. En este rubro también hay una gran impunidad. Lo cual nos lleva a lo ocurrido el jueves pasado en Palacio Nacional. La clase política del país se reunió para prometer que ahora sí combatirían en serio a la delincuencia, lo cual pasa por atacar su principal causa que es la impunidad. ¿Acaso entre todos los firmantes del acuerdo no había ni un solo político corrupto? ¿Todos son impolutos? ¿No tendrían los políticos que dirigen este país que comenzar por castigar a los de casa? ¿No se mandaría un mensaje extraordinario a la sociedad cuando los mandos gubernamentales corruptos efectivamente terminen en la cárcel? Si la impunidad impera en la clase política no se puede esperar mucho de ésta cuando prometen combatirla fuera de casa.

El combate a la impunidad debe ser a todos los niveles. La comisión de delitos menores no puede quedar impune. Un criminal de poca monta que no es castigado va escalando su actividad delictiva. Si se roba un tapón de un automóvil y no pasa nada, luego roba un coche completo. Si no pasa nada, luego roba a las personas. Si no pasa nada, luego las secuestra. Si no pasa nada, luego las asesina. Por eso es muy importante castigar al crimen desde abajo. Para que un delincuente no pueda escalar su operación ilegal.

Si se ataca a los crímenes menores puede haber resultados en los crímenes mayores. Un lector de Chihuahua, el estado donde ha habido más ejecuciones este año, me da el siguiente ejemplo: “Los carros chocolate, todos estos carros sin placas que pueden ser usados para cometer cualquier delito y no ser identificados. ¿Has notado que en la mayoría de los casos de asesinato se han identificado este tipo de autos por testigos presenciales? Estos automóviles en su mayoría han sido localizados posteriormente para encontrarse que son autos robados. ¿Cómo saber la cantidad de autos robados que circulan en las calles si pueden circular sin placas por cualquier ciudad del estado? En Juárez la situación es peor porque pueden circular autos con placas de Estados Unidos. Una Tahoe con reporte de robo fue usada en la reciente masacre de Creel. Si no empiezan a controlar detalles como éstos, sólo les facilitan a los criminales su trabajo”. Tiene toda la razón. Surgen, entonces, preguntas que parecen obvias. ¿Por qué la policía en Chihuahua no detiene a los vehículos que no tienen placas? ¿Por qué se puede circular con tal impunidad por el estado en un coche que ha sido reportado como robado? ¿Acaso las autoridades chihuahuenses, abrumadas por los delitos mayores como el narcotráfico, desdeñan los crímenes menores como el robo de automóviles? Otro lector me escribe: “El problema de la protección no es tan sencillo porque es una cuestión cultural.

El pueblo no cree ni en la palabra de la ley ni en la protección judicial. La corrupción es tan endémica que no se puede confiar en la protección del Estado […] A pesar de los datos empíricos, soy optimista. Para mí es una cuestión generacional. La gente joven no es tan tolerante como sus padres”. A mí los argumentos culturalitas no me acaban de convencer, aunque tengan un toque de optimismo. Me resultan más convincentes los argumentos institucionales. Si la gente comete delitos no es porque culturalmente no crea en la ley. Más bien porque saben que las autoridades no aplican la ley, a menudo comenzando por ellas mismas. Tómese el caso de un habitante de Tijuana que no respeta la ley de su ciudad. Al manejar su automóvil, se pasa todos los altos que puede y excede la velocidad permitida.

Sin embargo, este mismo individuo, en su mismo coche, cruza un puente de 200 metros a San Diego y ahí se comporta como un ciudadano ejemplar. Respeta los semáforos y el límite de velocidad. ¿Qué pasó? ¿Acaso por cruzar un puente cambió su cultura de la ilegalidad? No, lo que cambiaron fueron las instituciones encargadas de aplicar la ley. El individuo sabe que allá sí habrá consecuencias serias por no respetar las reglas. También sabe que acá, al sur del Río Bravo, sus faltas quedarán impunes. En el remoto caso de que un policía lo detenga, podrá utilizar sus influencias o dar una mordidita.



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