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Realizan primer traslado de reos entre México y Gran Bretaña

29 de agosto de 2008.

La Procuraduría General de la República informa que con motivo de la cooperación internacional existente entre nuestro país y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se llevó la entrega de Lucy Michelle Baker a los Agentes del Ministerio de Justicia Británico para su traslado a su país de origen, dentro del marco del Primer Traslado de Reos entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos internacionales de la PGR, señaló que Michelle Baker fue detenida el 24 de septiembre de 2004, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al encontrar durante la revisión de su equipaje, quince kilos novecientos cuarenta y siete gramos de clorhidrato de cocaína.

Lucy Michelle, fue consignada ante el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien le impuso dentro de la causa penal 145/2004-VI, la pena de diez años de prisión y multa de cuatro mil quinientos veinticuatro pesos.

La condena será compurgada en la Gran Bretaña en el marco del Tratado Bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la ejecución de condenas penales.

En el operativo de entrega participaron por el Gobierno de México elementos de la Policía Federal y de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República.

Por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte participaron el Vicecónsul y el asistente consular de la Embajada de la Gran Bretaña en México, quienes externaron sus beneplácito por la cooperación existente entre ambos países.

La Procuraduría General de la República reitera su compromiso y confianza en los resultados de la cooperación legal internacional, ya que con ello se contribuye al cierre de los espacios de la impunidad y a la aplicación irrestricta de la ley penal en los casos criminales, demanda ciudadana y compromiso de gobierno plasmado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.





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