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Necesarios exámenes de confianza a servidores públicos: Álvarez Monje

11 de septiembre de 2008.

“Las detenciones, primero del ex director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de ciudad Juárez, Saulo Reyes Gamboa, y ahora del director de Obras Públicas del municipio de Coyame, Enrique Álvarez Nieto, son una muestra de la descomposición y descontrol que existe en la selección de quienes son y serán servidores públicos y la urgente necesidad de legislar para obligar la aplicación de exámenes de control y de confianza a quienes pretendan asumir un cargo público”, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputado Fernando Álvarez Monje.

Desde el 28 de mayo, Acción Nacional presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 190 y reformar el 191, ambos de la Constitución Política del Estado, así como adicionar un segundo párrafo en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, para establecer que todo aspirante a ingresar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como a los ayuntamientos y a todo cuerpo de seguridad pública estatal o municipal, sin perjuicio de cumplir con los requisitos que la ley exige, deban sujetarse a exámenes que garanticen se cumpla con los perfiles idóneos.

En Chihuahua, y todo el país, vivimos momentos en los que debemos tener mucho cuidado de que el poder de la delincuencia organizada no vaya a apoderarse de los espacios públicos y los entes de gobierno vayan a quedar en manos de intereses criminales. Por eso, debemos establecer los candados suficientes para asegurarnos que, quienes aspiran a ejercer un cargo público, estén libres de adicciones y de relaciones con las organizaciones delictivas.

Simultáneamente, los legisladores de Acción Nacional vigilaremos del Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos en el Estado el cumplimiento cabal del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que fue firmado recientemente en la ciudad de México con el Gobierno Federal y en donde se establecen los exámenes de control y confianza como instrumentos para garantizar el aislamiento del servicio público ante el crimen.



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