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Colombia retirará a 25 militares corruptos

29 de octubre de 2008.

El anuncio fue hecho por el comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, en un pronunciamiento en la casa de gobierno, junto a Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, así como los mandos militares.

La decisión fue tomada debido a la desaparición de 11 hombres a comienzos de año de una barriada al sur de Bogotá y cuyos cadáveres aparecieron en una fosa común en una zona del noreste del país a mediados de año, algunos de ellos presentados como bajas de guerrilleros en combate.

Uribe dijo que tan pronto se conoció del caso ocurrido en la barriada de Soacha al sur de Bogotá, se ordenó una investigación militar interna, cuyos resultados fueron dados por los mandos castrenses al Ejecutivo el lunes.

Aclaró que los eventuales cargos penales contra los oficiales quedan en manos de la Fiscalía General.

"Estos hallazgos muestran que en algunas instancias ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar implicadas en crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército", dijo Uribe.

"Crímenes que algunas regiones tienen por interés...asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentado a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de su actividad delictiva", agregó.

El gobierno "tiene que ser totalmente riguroso en su insistencia, en su exigencia, de que esta política de seguridad les devuelva a los colombianos plenamente la tranquilidad.

Los tres generales del ejército dados de baja son: el general Roberto Pico Hernández, comandante de VII División del ejército, el general José Joaquín Cortes Franco, comandante de la II División y el general Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 del ejército.

Entre los oficiales cuyo retiro fue acordado estuvo Santiago Herrera Fajardo, jefe de estado mayor de la V División y quien fue comandante de la Brigada Móvil 15, unidad con jurisdicción en la región del Catatumbo, al noroeste colombiano, donde se presentaron algunos de los casos de hombres muertos.

Herrera Fajardo, quien estuvo en Catatumbo hasta diciembre, dijo en entrevista telefónica que hasta ahora "no sé qué cargos hay contra mí...mi general (comandante del ejército, Mario) Montoya me llamó a su despacho (la semana pasada) y me dijo (que) contra mí había unas pruebas testimoniales" y que por eso tenía que sacarlo del cargo.

La purga, sin precedentes en los últimos tiempos, "es un hecho gravísimo, para el gobierno, para las fuerzas armadas porque muestra que no fue un caso aquí o allá (de muerte a manos militares), sino que era algo planificado a lo largo del tiempo", dijo en diálogo telefónico Armando Borrero, analista y ex asesor de seguridad gubernamental en los 90.

La investigación militar "concluyó que esta negligencia (por parte de algunos oficiales) pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del ejército nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad, a cambio de contribuir al logro de resultados (militares) irregulares que van en total contravía de la política (del gobierno)...y de la doctrina y el honor militar", dijo Santos.

Ni Uribe ni Santos indicaron si todos los oficiales y suboficiales retirados lo fueron por el caso de los 11 hombres muertos o porque hay casos similares en otras regiones de Colombia, dado que los generales y coroneles retirados en la jornada se desempeñaban actualmente en otras jurisdicciones castrenses.

Grupos de derechos humanos señalaban desde hace meses que tenían reportes sobre aumento de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, en un afán de mostrar buenos resultados en su lucha contra grupos armados ilegales, lo que se conoce aquí como "falsos positivos".

La destitución del grupo militar "es buena, es bueno que se destape, es bueno que se castigue, que se sancione, pero la gravedad de los hechos es innegable", dijo en entrevista telefónica, Ana Teresa Bernal, directora del grupo no gubernamental Redepaz.

"No sé las razones (por qué los militares se vinculan a estos casos), pero es un fenómeno oprobioso, detestable", indicó.



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