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Reconoce México problemas ante ONU

27 de noviembre de 2008.

El Gobierno de México elaboró un informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que reconoce que el sistema de justicia del país requiere “urgentemente” sanearse, modernizarse y profesionalizarse en todas sus esferas.

En ese contexto, asume también el compromiso de “depurar y profesionalizar” a los cuerpos policíacos frente al “desafío que representa la corrupción y la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones públicas de seguridad del país”.

El informe fue elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la cooperación de 29 dependencias del Poder Ejecutivo y consultas con los poderes Legislativo y Judicial, el cual será presentado al organismo multilateral en febrero de 2009, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) de los países miembros de la ONU.

El texto fue entregado ayer a senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, en este ejercicio de consulta y para que los legisladores analicen los tres grandes apartados de promoción y protección de los derechos humanos de México: derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y combate a la discriminación y derechos de grupos específicos.

Destaca en su contenido que para hacer frente a la acción de la delincuencia organizada “convocó de manera temporal a las fuerzas armadas para formar parte medular de esta lucha”.

Información oficial da cuenta que unos 45 mil elementos del ejercito llevan a cabo la directiva nacional de lucha contra las drogas. Este número de efectivos castrenses es rotada cada 40 días.

Actualmente están en curso siete operaciones conjuntas: Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán-Navolato y Tijuana.

El reporte asevera que la actuación del Ejército mexicano como punta de lanza en la lucha contra las poderosas organizaciones criminales, incluyendo del narcotráfico se tomó como una “medida temporal”.

Reconoce la alarmante sobrepoblación que existe en el sistema penitenciario del país; también “la corrupción, la falta de recursos y personal capacitado así como la lentitud con la que se resuelve la situación jurídica de los internos”.

El EPU debe basarse en información “objetiva y fidedigna” sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, y consta de tres partes: el elaborado en 20 cuartillas por el Gobierno mexicano –vía la SRE- y dos más, el que hace la oficina del Alto Comisionado de la ONU y uno más de organizaciones civiles y comisiones de derechos humanos.



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