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Lista, federalización de agresiones a periodistas

27 de noviembre de 2008.

Después de más de 20 años de peticiones y debates gremiales, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación presentó en San Lázaro la iniciativa de legislación que tipifica como delito federal los ataques a informadores y crea una Subprocuraduría que se ocupará de investigar las agresiones y homicidios que atentan contra la libertad de expresión.

Será delito federal “coartar el derecho de una persona a expresarse y difundir libremente sus pensamientos, ideas, opiniones e informaciones”.

También sería delito contra la libertad de expresión “atentar contra las instalaciones de cualquier persona moral dedicada a la comunicación”.

Ayer, en el marco de la época de mayor violencia contra el derecho de informar, legisladores encabezados por el diputado Gerardo Priego (PAN) concluyeron la iniciativa que necesita la sociedad para sortear el actual estado de violencia que resiente el país.

La propuesta fue recibida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, cuyo presidente Javier González Garza, informó que este jueves la llevará a la sesión del pleno, a fin de que sea turnada a la Comisión de Justicia, a la que se le solicitará un dictamen rápido.

Legisladores, apoyados por un consejo consultivo –académicos, periodistas, propietarios de medios- elaboraron el proyecto que fija penas de uno a cinco años de prisión, en el Código Penal Federal, a quien atente contra la libertad de expresión.

Además, los culpables de agredir a periodistas en su tarea de informar, pagarían multas de cien días de salario mínimo (cinco mil 259 pesos) a 500 días (26 mil 295 pesos).

A los servidores públicos las penas se les incrementarían 50%; serán destituidos y se les inahabilitará para obtener otro cargo público, hasta por siete años y medio.

La legislación señala que las agresiones de que sean objeto periodistas y las empresas periodísticas se persigan de oficio y que las conozca el Ministerio Público Federal, que estará obligado a abrir y agotar una línea de investigación de delitos contra la libertad de expresión.

Las autoridades locales coadyuvarán en la investigación que lleve a cabo la autoridad federal, la cual contará con una Subprocuraduría para la Atención de los Delitos Cometidos en Contra de los Periodistas.

Al momento, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con una fiscalía especializada que ha sido señalada por no dar resultados.

La iniciativa fue elaborada por el binomio de diputados y gremio interesado, entre los que destaca la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), representada en los trabajos por Roberto Rock; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por su presidente Emilio Álvarez Icaza, al igual que la Asociación Nacional de Editores, la UNAM, la CNDH, la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”, Reporteros Sin Fronteras, entre otras participantes.





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