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Emite CNDH recomendación a SEDENA por muerte de 28 personas

1 de diciembre de 2008.

La CNDH emitió su Recomendación 57/2008, dirigida al titular de la SEDENA, Guillermo Galván Galván, por el caso de 28 personas que resultaron muertas, 131 más con lesiones, daños materiales a diversos inmuebles y a 55 vehículos.

Así como la destrucción de parte de la carpeta asfáltica, donde se provocó un cráter de 25 metros de diámetro y 2.5 metros de profundidad, como consecuencia de una explosión ocasionada tras el choque de una camioneta con un vehículo que transportaba 25 toneladas de material explosivo que no fue supervisado por personal adscrito a las zonas militares 6/a y 20/a.

Los hechos ocurrieron a las 20:30 horas del 9 de septiembre de 2007, cuando el personal castrense omitió certificar 21 disposiciones específicas de seguridad y control con las cuales deben cumplir las empresas que transportan material explosivo.

El camión llevaba 25 toneladas de ANFO (amonio-nitrato-aceite o diesel) y la explosión, ocurrida en el kilómetro 37.3 de la carretera federal tramo Monclova-Cuatro Ciénegas, en el ejido Celemanía, municipio de Nadadores, Coahuila, tuvo una onda expansiva de 10 hectáreas.

Con motivo de estos hechos que fueron publicados en diversos medios de comunicación, esta Comisión Nacional inició el 14 de septiembre una queja de oficio y se solicitaron informes a las dependencias gubernamentales relacionadas con el caso.

Como resultado de la investigación se estableció que la Secretaría de la Defensa Nacional, en sus Zonas Militares 20/a y 6/a, el 7 de septiembre de 2007 recibió de la empresa Explosivos Mexicanos ORICA, S.A de C.V, la solicitud de transporte de las órdenes de compra 014887 y venta 16248, de fecha 5 de julio de 2007. Allí estaba la descripción del material a transportar y el itinerario de viaje, lo cual fue autorizado expresamente por la 6/a Zona Militar, no obstante el permiso general 81 era de la empresa Fletes y Traspaleos, S.A de C.V., y no de la gestora de los permisos.

El informe que remitió la Sedena a la CNDH señala que la autoridad castrense estaba informada del traslado del material explosivo y que otorgó su autorización al respecto, así como que su personal no supervisó el embarque del producto.

Asimismo, la autoridad militar reconoce que no cuenta con rutas, horarios ni días previamente establecidos para la transportación de materiales explosivos, ni existe un límite para la cantidad a transportar del mismo, salvo la capacidad del vehículo.

Esta Comisión Nacional observó que el personal de la Sedena adscrito a la 6/a Zona Militar no cumplió las obligaciones encomendadas para la supervisión y control del material explosivo, ya que no verificó las condiciones en que se realizaría su transportación. Lo anterior evidencia la falta de control de la autoridad militar en las autorizaciones que otorga, ya que en este caso el permiso general expedido para una empresa sirvió para otorgar la autorización de embarque de otra.

Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias, para esta Comisión Nacional quedó acreditado que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica en agravio de los habitantes del municipio de Nadadores, así como de las personas que transitaban por el lugar cuando sucedieron los hechos.

En su Recomendación, la CNDH solicita al titular de la SEDENA dar vista a la Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue al personal militar que intervino en los hechos, por las omisiones en que incurrió.

Asimismo, que se instruya a la Dirección General de Registro de Armas de Fuego y Explosivos, para que se realicen inspecciones físicas previas a la autorización de transportación de materiales explosivos, a los itinerarios de transportación, así como a los permisos generales que en esta rama tenga vigentes esa Secretaría, con la finalidad de verificar y actualizar las disposiciones contenidas en dichos permisos en cuanto al control y vigilancia de material explosivo.

También se le pide que se emita un marco normativo que establezca el mecanismo a seguir para que las empresas que vendan, compren o transporten material explosivo avisen sobre cada traslado de los materiales que manejan, y se prevea la forma de verificación física de cada transportación de material explosivo, todo ello previo a las autorizaciones correspondientes.

Además, que se establezcan rutas, horarios y días para la transportación de materiales explosivos, que minimicen los riesgos para la población y garanticen la inmediata reacción de los cuerpos especializados de auxilio, en caso de ocurrir un accidente.





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