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La opinión de:
Edna Lorena Fuerte
¿Dónde está la justicia?

9 de diciembre de 2008.

Las grandes preocupaciones y debates en el tema de la violencia, la inseguridad pública y la nulidad de garantías que estamos viviendo en gran parte del país.

Suelen terminar en esta pregunta, preguntar dónde está la justicia no es un asunto retórico ni falto de un sentido práctico, es más un reclamo que urge a devolver a nuestra Nación los esquemas de validez de la seguridad y la justicia.

La pregunta no sólo va a afirmar entonces que, al preguntar por ella, es porque no vemos dónde pueda estar la justicia en medio de todo esto; sino también queremos precisar las responsabilidades, los puntos de ubicación de los más grandes yerros y a quién pertenece la obligación de la justicia. Y claro, al hacer la pregunta, hay muchos quienes pretenden responder a su conveniencia.

El caso de la pena de muerte que ha implicado un intenso debate en la última semana, dadas las declaraciones del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y las decisiones legislativas que ha tomado este estado; es un claro síntoma de esto. El argumento principal de los funcionarios es la evidente aceptación popular de la medida, pues en el clima de violencia e inseguridad que vivimos, sobran las voces que reclamen las máximas penas para los delincuentes, estudios de opinión han revelado una aceptación de 70% a esta pena.

El sistema democrático representativo mandata que todos los funcionarios sean portavoces del sentir popular, que en sus decisiones reflejen las necesidades y reclamos de la sociedad. Pero el sentido de la responsabilidad de los funcionarios recae en el conocimiento y experiencia que éstos tienen, no sólo como funcionarios, sino ellos también como ciudadanos mismos.

No son secreto los graves problemas de corrupción, ineficiencia y parcialidad de nuestro sistema judicial, al punto de que, desde la propia federación, se realiza una intensa "operación limpieza" que ha detectado en los más altos niveles de las autoridades de seguridad estos graves problemas, es decir, los mismos funcionarios encargados de protegernos, están en la nómina del crimen organizado.

Poner a la mano de un aparato de justicia como este un instrumento tan delicado, por su obvia irreversibilidad, como es la pena de muerte, es sin duda un grave error. El debate en realidad no es el que se ha querido esgrimir, hablando de la pertinencia o no de la pena máxima ante criminales como los que estamos enfrentando, y entonces resulta muy claro el sentir popular; pero la cuestión no es esa, sino el saber cuántos delitos serán castigados, y cuántos culpables, serán verdaderamente culpables.

Veámoslo así, sólo el 2% de los delitos llegan a sentencia, de acuerdo con cifras oficiales, entonces nuestro problema está con el 98% que quedan en la absoluta impunidad, y aquí la discusión no debe estar en la intensidad o no de las penas, en lo merecido del castigo, y en dejarle, a la vieja usanza de Poncio Pilatos, la decisión al pueblo que clama enardecido.

Entonces la justicia no puede estar en el sentir popular, porque este debe ser interpretado con claridad, los ciudadanos lo que ya no queremos es violencia, queremos dejar de vivir con miedo, que se acaben los secuestros, que las noticias durante todo el día no sean recuentos de ejecutados, y eso, señores, no se logrará mandando al cadalso a unos muy pocos que son los que llegan a sus manos, lo que se necesita es un verdadero aparato de justicia y seguridad.

Y aquí las autoridades pretenden respondernos con una reforma de justicia que, aprobada en estos días como colofón de los resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, que parece no darnos mucho avance sobre la agenda que apremia, pues los puntos sobre seguridad, la revisión a la estructura policial y otra seria de cuestiones se ha quedado en la maleta esperando ser desempacado hasta el año que entra, ahora tenemos pírricos acuerdos frente a los terribles retos.

Veamos por ejemplo, una de las aportaciones que más se ha destacado de la reforma, y que incluso llevó a un bache político el proceso de aprobación, pues el PRD amenazó con frenar los acuerdos que impulsan esta ley al ser incluido el tema; se trata de la creación de un marco legal federal en materia de secuestros, que busca una homogeneidad en la penalización, así como se abre la participación activa de las entidades en el combate a este delito en particular, y al crimen organizado en general.

Sin embargo, parece que la reforma, como la mayoría de las acciones en seguridad que hemos visto, se queda en las buenas intenciones y los preámbulos que no llegan a desarrollarse, pues según se dijo, abre la puerta para la creación de una Ley federal antisecuestro, pero no trabaja en la creación de dicha ley, sólo da algunos pasos hasta el umbral, pero no se atreve a cruzar la puerta. Y el problema aquí es que no se puede solucionar la problemática de la seguridad con proyectos de indefinibles plazos.

Entonces volvemos a nuestra pregunta inicial, para asegurarles que la justicia no está en medidas extremas que más dañan que solucionan, aun cuando sean la voluntad general; tampoco está en las buenas intenciones legislativas, ni en la simulación de las autoridades que pretenden hacer que hacen, pero sin moverse; no puede estar en un sistema que permite la corrupción en todos sus niveles; y por supuesto, no está en las calles que día a día transitamos los ciudadanos, ni alrededor de nuestras casas, ni en las escuelas de nuestros hijos. La justicia es virtud del Estado y, como tal, debe preservarla, darle un lugar en la dinámica de esta Nación y hacerla crecer a todos los ámbitos de la vida pública, hoy, la justicia, no está más que en nuestros reclamos.

Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es [email protected] para sus comentarios. Muchas Gracias.



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