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Mandan a prisión a los siete policías municipales detenidos en Ascensión

12 de diciembre de 2008.

A las 12:00 horas del día 10 de Diciembre de 2008, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso (auto de formal prisión), en contra de Guadalupe Baldomero Rentaría Pedregón, Ramón Gregorio Ríos Salcido, Germán Humberto Peña Olivas, Jaime Giovanni Castillo Meléndez, José Alonso González, Juan Luís Castellano y Óscar Alberto Castillo Rodríguez, por el delitos de cohecho, en perjuicio del Servicio Público.

El día 06 de Diciembre del 2008, los siete imputados fueron detenidos por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, ya que mediante la denuncia anónima, fueron alertados en el sentido de que agentes de Seguridad Pública del municipio de Ascensión brindaban protección a personas que se dedican al trafico de drogas, así como a extorsionar a maestros en dicho Municipio.

La Unidad Especializada Contra el Servicio Publico y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, una vez que reunió los elementos suficientes para acreditar la participación de los ahora imputados en el delito de Cohecho, solicitó las orden de aprehensión, la cual fue obsequiada por un Juez de Garantía de este Distrito Judicial Bravos, lo que posteriormente permitió realizarles formal imputación.

En la audiencia de vinculación a proceso, se reprodujeron los hechos que llevaron al Fiscal a solicitar su aprehensión, formulación de imputación y le realizó formal acusación por el delitos de cohecho, y con las pruebas ofrecidas por la Fiscalía se vinculó a proceso (Auto de formal Prisión) a Guadalupe Baldomero Rentaría Pedregón, Ramón Gregorio Ríos Salcido, Germán Humberto Peña Olivas, Jaime Giovanni Castillo Meléndez, José Alonso González, Juan Luís Castellano y Óscar Alberto Castillo Rodríguez.

Se ordenó como medida cautelar la prisión preventiva para los imputados, prevista y sancionada en el Artículo 169 fracción XXII del Código de Procedimientos Penales, por lo que enfrentarán su juicio.

Asimismo, a petición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada Contra el Servicio Publico y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, se autorizaron dos meses a partir del día 10 de Diciembre de 2008, para concluir la investigación y solicitar sentencia condenatoria.



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