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Detienen a cuatro ministeriales; se les vincula con el crimen organizado

21 de diciembre de 2008.

En el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, la Procuraduría General de la República (PGR) informa que derivado de las investigaciones que realiza el AMPF adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se cumplimentó una orden de localización y presentación de cuatro elementos en activo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, Chihuahua y uno más que ya no pertenecía a la institución.

Esta acción se inscribe en el trabajo coordinado que realiza el Gobierno Federal en apoyo a las autoridades estatales para sanear y desmantelar redes de protección que tiene la delincuencia organizada en las corporaciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

Los detenidos responden a los siguientes nombres:

1.- Santos Pérez Rivera (ex policía ministerial).

2.- Mauricio Granados García alías "El Ojos" o "El Once" (policía ministerial en activo).

3.- Manuel Campista Mora alías "El Diez" (policía ministerial en activo).

4.- Jesús Manuel Baeza Villaseñor alías "El Doce" (policía ministerial en activo).

5.- Martín Lechuga Linares alías "El Nueve" (policía ministerial en activo).

Las personas antes mencionadas se encuentran directamente relacionadas en la comisión de los delitos de Homicidio, Delincuencia Organizada, Contra la Salud y otros, por su presunta pertenencia a la organización criminal denominada "La Línea", que encabeza un sujeto conocido como "El JL", la cual tiene su centro de operaciones en la entidad.

Se tiene conocimiento de que los detenidos brindaban protección y proporcionaban información relativa a sus funciones a cambio de pagos mensuales que oscilaban entre los $20,000.00 pesos.

Actualmente se encuentran rindiendo su declaración en las instalaciones de la SIEDO, a la que fueron trasladados y en donde en las próximas horas se resolverá su situación jurídica.

La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de combatir con la Ley y su aplicación estricta todas las manifestaciones del crimen organizado, ser más eficientes en la acción jurídica del Estado en contra de la criminalidad e impunidad, y cumplir con ello las metas comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.





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