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Obtiene el AMPF arraigo por 40 días contra cinco ministeriales detenido por el ejercito

23 de diciembre de 2008.

En el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, la Procuraduría General de la República informa que como resultado del trabajo jurídico penal del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal concedió la medida cautelar de arraigo por un término de 40 días contra cuatro elementos en activo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, Chihuahua y uno más que ya no pertenecía a la institución.

Esta acción se inscribe en el trabajo que realiza el Gobierno Federal en apoyo a las autoridades estatales para sanear y desmantelar redes de protección que tiene la delincuencia organizada en las corporaciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

Durante el cumplimiento de la medida cautelar, el AMPF aportará mayores elementos que acrediten su probable responsabilidad en los delitos de Delincuencia Organizada, Homicidio, Contra la Salud y los que resulten en contra de:

1.- Santos Pérez Rivera (ex policía ministerial).

2.- Mauricio Granados García (a) "El Ojos" o "El Once" (policía ministerial en activo).

3.- Manuel Campista Mora (a) "El Diez" (policía ministerial en activo).

4.- Jesús Manuel Baeza Villaseñor (a) "El Doce" (policía ministerial en activo).

5.- Martín Lechuga Linares (a) "El Nueve" (policía ministerial en activo).

Los hoy arraigados están presuntamente relacionados a la organización criminal denominada "La Línea", encabezada por el sujeto conocido como "El JL", la cual tiene su centro de operaciones en la entidad del norte; grupo delictivo al que brindaban protección y proporcionaban información relativa a sus funciones a cambio de pagos mensuales que oscilaban entre los $20,000.00 pesos.

La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de combatir con la Ley y su aplicación estricta todas las manifestaciones del crimen organizado, ser más eficientes en la acción jurídica del Estado en contra de la criminalidad e impunidad, y cumplir con ello las metas comprometidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.



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