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“Atorada”, ley de salarios máximos para funcionarios

31 de diciembre de 2008.

Los diputados federales han aplazado durante casi dos años la ley de salarios sáximos, que impediría que cualesquier funcionario mandatario local gane más que el Presidente de la República.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el perredista Raymundo Cárdenas, denunció que las bancadas del PAN y PRI se niegan a aprobar la norma, pues aseguran que el gobierno perdería la capacidad de contratar a los mejores cuadros, al ofrecer salarios bajos.

“Ambos partidos argumentan que no es viable la aprobación de la minuta, porque en varias empresas públicas hay servidores públicos y técnicos que ganan mucho dinero en el mercado y que si imponíamos un límite podían ser pirateados por empresas trasnacionales. Yo creo que el que no quiera estar, pues que se vaya, o simplemente que no entre al gobierno, o podemos hacer excepciones”, dijo el legislador.

La comisión de Puntos Constitucionales agendará la minuta en enero próximo, con el fin de que en el periodo de sesiones de febrero a abril, pueda avalarse en el pleno legislativo.

“Es fundamental poner un límite constitucional a los sueldos ante la crisis económica que viene. Son un escándalo a nivel nacional el tipo de sueldos que se autorizan en muchos ayuntamientos de gobiernos estatales y organismos autónomos. En los Poderes de la Unión estamos obligados a dar ese paso especialmente ante la crisis económica que viene”, sostuvo.

La ley de salarios máximos se aprobó en el Senado desde el 13 de marzo de 2007; a partir de ese momento, se envió a la Cámara de Diputados para su análisis, sin éxito.

EL UNIVERSAL ha documentado las diferentes cantidades que han recibido mandatarios estatales, municipales, legisladores y jueces por su trabajo, su aguinaldo o prestaciones asignadas y creadas por ellos mismos, y en algunos casos —como el de los diputados— que incluye la recuperación de impuestos con otras partidas de recursos públicos.

Con esa modificación constitucional, las arcas públicas tendrían un gran ahorro.



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