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El jet de Mouriño fue licitado por inexpertos

2 de enero de 2009.

Francisco González Muñoz y Carlos Alfredo Juraidini Rumilla, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendidos temporalmente de sus cargos para ser investigados por presuntas irregularidades registradas en la licitación y mantenimiento del Laerjet 45 —donde viajaba el fallecido secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, el pasado 4 de noviembre—, no eran expertos en el tema. El primero fue vendedor de puertas y el segundo ex directivo bancario.

De acuerdo con datos del expediente abierto por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ambos servidores públicos fueron contratados durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox y en caso de ser encontrados culpables, pueden alcanzar 10 años de inhabilitación más sanciones penales aún por determinarse.

González Muñoz se desempeña como director general adjunto de Seguridad y Aeronaves en la Segob, incluida la que trasladaba al secretario Juan Camilo Mouriño. Fue gerente de ventas en Premdor, México, antes de llegar a la dependencia en julio de 2001.

Juraidini Rumilla aún es director de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, cargo considerado en la administración pública como menor y el cual asumió en enero de 2004, aunque ingresó como director de Operación y Servicios en noviembre de 2001 de la Segob. Antes fue subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales en Bancomer.

Según la investigación de la SFP en coordinación con la Contraloría Interna de la Segob, se han reunido elementos para investigar la presunta responsabilidad administrativa de los funcionarios por omisiones; ante ello, se determinó separarlos para asegurar la conducción y continuación de las indagatorias, impedir su obstaculización y la posible alteración de documentos.

Sin embargo, con base en el artículo 21 de la Ley Federal de Servidores Públicos, en caso de no encontrar ninguna responsabilidad en el accidente del 4 de noviembre, la legislación establece que si se dicta un fallo en este sentido, se les deberán rembolsar sus “salarios caídos” e incluso, su cargo. Cabe subrayar que tanto González Muñoz y Juraidini Rumilla se encuentran en calidad de presuntos responsables, lo que establece que si bien hay suspensión temporal de sus funciones, dicho estatus no prejuzga su responsabilidad en las presuntas irregularidades.

Funcionarios de la SFP explicaron que la inhabilitación terminará cuando lo decida la dependencia en acuerdo con el contralor interno de la Segob.

A partir del 16 de diciembre pasado, cuando fueron inhabilitados dichos funcionarios, “se suspenden los efectos que hayan dado origen a la ocupación del empleo, por lo que no pueden ser asignados a otra función”; además, si son declarados culpables, pueden alcanzar 10 años de inhabilitación como funcionarios y sanciones penales por determinar.

Las autoridades de la SFP subrayaron que continúan las diligencias sobre el avión adquirido por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en 2003, mientras la licitación para mantenimiento, permisos aeronáuticos y de tripulación se hizo en 2008.

González Muñoz, quien era responsable de elaborar la ficha técnica de las bases de licitación de la nave, trabajó en la iniciativa privada como gerente de ventas en Premdor, México, especialista en el diseño y fabricación de puertas; en 2000, estuvo en Printer SA, como codirector de Recursos Materiales.

La página de internet de Premdor, México destaca que la empresa adquirió a Masonite, Corporation en agosto de 2001, un mes después del arribo de González Muñoz a la Segob, “convirtiéndose en el líder manufacturero y comercializador de puertas en el mundo”.





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