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Acusa CNDH a funcionarios de hacer desaparecer a dos guerrilleros

16 de febrero de 2009.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) aseguró hoy que funcionarios del gobierno del sureño estado de Oaxaca son responsables de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el 24 de mayo de 2007.

La CNDH emitió una recomendación al Secretario de Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández, por el caso de los guerrilleros desaparecidos y exigió al Ejecutivo "la presentación con vida de los agraviados".

Los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, desaparecieron en 2007 después de haber sido detenidos en un retén.

Según la CNDH (defensoría del pueblo), a través de investigaciones propias logró demostrar "violaciones a derechos humanos" de los desaparecidos por lo que las autoridades tienen "la obligación de restituirles el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, así como a repararles, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado".

El organismo detalló en un comunicado que existen "indicios suficientes" para establecer que funcionarios de la policía y de la fiscalía de Oaxaca y de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez "omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero" de los dos hombres.

Además criticó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) no haya "obtenido resultado alguno" tras 18 meses de investigaciones.

La dependencia señaló también que los agentes policiacos que participaron en el retén en el que fueron detenidos los insurgentes "incurrieron en omisiones y graves contradicciones al manejar versiones distintas" sobre los hechos.

"Cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha a partir de la cual nada se volvió a saber de su paradero", subrayó.

A su vez, la CNDH denunció que la PGR se niega a compartir información del caso y aseguró que muchos funcionarios de la defensoría han sido amenazados por agentes de esa corporación.

Para llegar a sus conclusiones la institución de defensa de los derechos humanos realizó entrevistas a familiares de los ausentes, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, así como a organismos no gubernamentales, empleados de establecimientos comerciales, autoridades religiosas, testigos y vecinos, entre otras cosas.

El informe de la CNDH sobre el caso consta de 10.089 hojas y 17 tomos.

En abril de 2008, el EPR propuso la creación de una comisión de mediación para dialogar con el Gobierno, con el objetivo de lograr la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos hace un año, la cual fue instalada.

El EPR, que surgió en 1996 en el sureño estado de Guerrero, perpetró en junio y septiembre de 2007 atentados con explosivos contra la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para exigir la aparición de sus militantes.



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