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En 200 días autoridades cumplen a medias

9 de marzo de 2009.

México, DF.- El crimen organizado ataca con fuerza y se diversifica... pero las autoridades reaccionan con lentitud.

Hoy, a 200 días de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, los compromisos sustanciales adquiridos por las autoridades apenas avanzan.

De 60 objetivos que los tres niveles de Gobierno suscribieron el 21 de agosto de 2008 para contrarrestar la delincuencia, 38 acciones debían ejecutarse en un máximo de seis meses, como la Ley General de Secuestro, las unidades policiales antiplagio y la estrategia contra el "lavado" de dinero.

Pero el plazo se cumplió en febrero, y sólo 17 puntos fueron saldados, aunque en su mayoría se trató de planeación de estrategias y protocolos, iniciativas, trámites, campañas publicitarias y programas que ya se desarrollaban.



Ana Franco, la nueva presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que en general se percibe inacción de las autoridades para abatir la delincuencia.

Señaló que una encuesta realizada por su organización arroja que el 49.2% de los ciudadanos percibe que no han funcionado las acciones del acuerdo.

Mientras, la violencia ligada al narcotráfico, ha subido de tono.

Del 21 de agosto de 2008 al 27 de febrero pasado, 3 mil 488 personas han sido ejecutadas en el país.

Desde que se firmó el pacto, mandos de alto nivel de la Policía Federal y la PGR fueron encarcelados por ligas con el narco; se confirmó el asesinato de Silvia Vargas Escalera; un general en retiro, Mauro Enrique Tello Quiñones, fue torturado y ejecutado en Cancún; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, fue objeto de un atentado, y las ejecuciones múltiples en varias entidades se han vuelto algo común.

Lo más sobresaliente logrado hasta ahora fue la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para tener un control de los propietarios de esos aparatos.

Sin embargo, el Congreso no ha sacado adelante la Ley de la Policía Federal, la Ley Orgánica de la PGR, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley contra la Delincuencia Organizada y reformas al Código Federal de Procedimientos Penales.



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