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Pide el PAN investigación de Héctor Murgía y su posible relación con criminales

19 de marzo de 2009.

Ventilada en medios nacionales, en donde se presume que el Cártel de Juárez, destinó recursos de procedencia ilícita para apoyar campañas políticas

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE.-

Los suscritos, diputados a la Sexagésima Segunda Legislatura y en nuestro carácter de miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, ocurrimos ante esta H. Asamblea a fin de presentar propuesta de punto de Acuerdo para solicitar a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al Instituto Federal Electoral y al Partido Revolucionario Institucional, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen detenida y minuciosamente la información proporcionada por medios nacionales en donde se presume que el Cartel de Juárez, destinó recursos de procedencia ilícita para apoyar campañas políticas a cambio de protección y seguridad de sus operaciones, ello, aunado a la intima relación de Héctor Murguía con el hoy sentenciado por delitos contra la salud, Saulo Reyes, ex director operativo de la policía municipal de ciudad Juárez. Lo anterior, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES La nueva democracia mexicana requiere de elecciones limpias y confiables, en las que los ciudadanos puedan participar con libertad absoluta y los actores políticos puedan competir en igualdad de condiciones.

Frente a esta realidad democrática, como parte del poder público estatal en el ámbito de nuestra competencia tenemos una triple responsabilidad. En primer lugar, debemos asegurarnos de que ningún servidor público se aprovechará de su puesto para beneficiar o perjudicar a quienes participan como actores políticos en el proceso electoral. En segundo lugar, debemos garantizarte que a ningún ciudadano se le condicionará la entrega de los servicios y bienes públicos a los que tiene derecho, por cuestiones relacionadas con sus preferencias políticas, sus intenciones de voto o sus actividades electorales, y en tercer lugar, evitar que los recursos provenientes del crimen o delincuencia organizada dirijan los destinos de una campaña política.

Refiriéndonos de manera particular en esta tercera responsabilidad, de todos es conocido que el pasado 17 de marzo del año en curso, el diario de circulación nacional “Excélsior", refiere que el hoy candidato por el segundo distrito con cabecera en ciudad Juárez, lo acusan de presuntamente haber utilizado dinero del narcotraficante Vicente Carrillo, líder del cártel de Juárez, para la campaña que lo llevó a ser alcalde en el 2004, a cambio de la protección de sus operaciones y seguridad para los cargamentos de droga que se trasladan por Chihuahua, según un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

Ahora bien, sin el ánimo de prejuzgar sobre esta información derivada de un medio respetado nacionalmente, es impostergable y necesario, que mínimamente se lleve a cabo una profunda investigación al respecto, no solo para corroborar la veracidad de la noticia, sino, también, para poner en la vitrina de la sociedad, los nexos que existen o existieron, entre el ex alcalde de ciudad Juárez y el narcotraficante Saulo Reyes Gamboa; pues es de dominio público, que éste delincuente llegó a ser el director operativo de seguridad pública municipal, gracias a las omnímodas facultades del entonces presidente, que sin rubor e investigación alguna, lo designó para hacerse cargo de tan enorme responsabilidad, y cuyo desenlace lo conocemos todos. Hoy esta preso por traficar y pretender introducir a E.U., aproximadamente media tonelada de mariguana. Por otro lado, también debe investigarse la “exitosa” dupla empresarial entre el ex alcalde y Saulo Reyes Gamboa, pues curiosamente en ese entonces las principales empresas proveedoras del municipio que participaban por invitación restringida y excepcionalmente por licitación pública se adjudicaron más del 30 por ciento de los contratos; éstas empresas, según una investigación realizada a través de los medios de comunicación cuya fuente es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, puso al descubierto que Saulo Reyes Gamboa era socio mayoritario de Chihuahua XXI, comisario de Provunisa y apoderado legal de Comenorte.

Compañeras y compañeros diputados, para el GPPAN, es demasiado importante que los eventos electorales que vienen, se realicen de una manera responsable, transparente, con condiciones de seguridad y equidad; que vayamos todos los actores políticos en la búsqueda de un escenario electoral digno, por ello, a fin de evitar enturbiar o generar componentes que no coadyuven a este objetivo, estimamos necesario que de una vez por todas, se aclare por los conductos y autoridades competentes la situación que predomina en contra de este personaje político, de lo contrario -la duda prevalecerá-, por ello, se proponen las condiciones optimas a fin de resolver el fondo de esta trágica situación.

Así, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de ACUERDO:

Artículo Primero.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, solicita de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se aboque a la investigación de los hechos reseñados por el artículo publicado por el diario de circulación nacional "Excélsior", con fecha 17 de Marzo del 2009, en donde se ventila la presunta participación del Cartel de Juárez en el financiamiento de campañas políticas en la elección del año 2004 en ciudad Juárez.

Paralelamente a lo anterior y tomando en consideración lo expuesto en el cuerpo del presente documento se indague respecto a los vínculos existentes entre Héctor Murguía Lardizabal y el traficante de drogas Saulo Reyes Gamboa. Artículo Segundo.- Asimismo, se solicita al Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de su competencia tome las providencias necesarias a efecto de evitar la participación de candidatos políticamente expuestos en la próxima contienda electoral y que rompan con los principios rectores que deben ética y constitucionalmente garantizarse en cualquier proceso electoral.

Artículo Tercero.- De igual manera solicítesele al Partido Revolucionario Institucional, que disponga de las medidas necesarias y pertinentes para blindar el presente proceso electoral y propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia.

Económico.- Con las copias del expediente y del Diario de Debates correspondiente a la Sesión en que se resuelva esta propuesta, notifíquese a las autoridades antes señaladas, para los efectos correspondientes. Chihuahua, Chih. 19 de marzo de 2009.



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