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Pronunciamiento del los diputados del PAN sobre la renuncia de Torres Cardona

29 de marzo de 2009.

Un castigo ejemplar para los responsables de la fuga de Borunda Cárdenas, reorientación definitiva de las políticas del Estado en materia de seguridad pública y la desaparición definitiva de la SSPE. Un gobernador más responsable.

Respecto a la renuncia del licenciado Javier Humberto Torres Cardona, quien fuera Secretario de Seguridad Pública Estatal, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronuncia:

· Desde el inicio de la actual legislatura, los diputados del PAN hemos cuestionado sobre la legalidad, operatividad, eficacia y funcionalidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin cuestionar la honorabilidad de quienes fueron nombrados sus titulares.

· Durante cada informe financiero anual del Ejecutivo Estatal, fuimos reiterativos en apuntar el alto costo presupuestal que significa mantener la SSPE y la CIPOL, análisis que tomó en cuenta, además del comparativo de lo asignado a la PGJE y otras dependencias, un estudio de costo-resultados obtenidos durante el ejercicio de sus funciones.

· A raíz de diversas denuncias y eventos públicos que se han registrado, hemos señalado que la Cipol no realiza un trabajo de inteligencia efectivo, varios elementos se han involucrado con el crimen organizado, otros no aprobaron los exámenes de confianza y, ahora, la corrupción es latente por acción u omisión, así como el descontrol de los Ceresos y el grave sub-ejercicio de recursos federales destinados a la seguridad pública.

Hoy, la “preliberación” ilegal de un peligroso narcotraficante, realizada con la probable complicidad de los funcionarios responsables de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es la gota que derrama el vaso y que nos obliga a exigir, de forma enérgica e irrestricta:



1. La aplicación de un castigo ejemplar a quienes resulten responsables de los hechos de corrupción que culminaron con la fuga del narcotraficante Borunda Cárdenas, castigo que no debe concluir con la simple renuncia de quienes tenían bajo su responsabilidad la custodia, sino continuar con una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.

2.- La reorientación definitiva de las políticas del Estado en materia de seguridad pública, procuración, administración e impartición de justicia, así como de colaboración con las demás entidades de gobierno para el combate decidido contra el crimen organizado y desorganizado, incluyendo una profunda depuración de las corporaciones policiacas bajo su mando y el cumplimiento pleno del Pacto Nacional de Seguridad.

3.- La desaparición definitiva de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la reorientación de sus recursos financieros en una parte para fortalecer los Ministerios Públicos dependientes de la Procuraduría de Justicia del Estado y otra para instrumentar programas efectivos de prevención y atención a las adicciones. Además algunas, de sus funciones deberán ser reasignadas a la Secretaría de Gobierno.

Consideramos que es el momento preciso para que el Gobernador del Estado levante definitivamente el rostro frente a la sociedad, asuma cabalmente su responsabilidad y deje de lado asuntos triviales que tengan que ver con el proceso electoral, las fobias políticas y la soberbia institucional, para satisfacer a cabalidad el compromiso que adquirió con los chihuahuenses durante su toma de protesta.



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