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Senado aumenta edad mínima para casarse

30 de marzo de 2009.

Para evitar matrimonios infantiles en el país, la comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado aprobó proponer la modificación en el Código Civil Federal de la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, tanto para hombres como para mujeres.

La edad vigente para contraer matrimonio es de 14 años para las mujeres, mientras que para los hombres es de 16 años.

Con la medida propuesta de la comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside el panista Guillermo Tamborrel, se homologa la edad mínima para que en ambos casos sea hasta la mayoría de edad.

Tamborrel informó que según estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay 60 millones de mujeres en el mundo, de entre 20 y 24 años, que se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años.

"Es decir, una de cada 3 mujeres se casa de niña, adolescente. Y en México hay 388 mil 381 niñas y niños que están casados o viven en unión libre, en muchos casos sólo para salvar la honra de la familia", dijo.

Datos de la ONU señalan que el matrimonio infantil viola los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña, ya que se trata de la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de las niñas.

La senadora Emma Larios Gaxiola, indicó que en pleno Siglo 21 los padres deben ser más conscientes que a los niños y jóvenes que contraen matrimonio a temprana edad les toma más tiempo madurar y ser responsables, por lo que no se les debe permitir ni obligar a casarse antes de una madurez plena.

Añadió que el matrimonio infantil trae aparejadas consecuencias negativas como la separación de la familia, la falta de libertad para relacionarse con personas de la misma edad y participar en actividades propias de su edad, además de la reducción de las oportunidades de recibir educación adecuada.

Las modificaciones que se pretenden al Código Civil Federal y a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contemplan eliminar la facultad de las autoridades administrativas de conceder dispensas, pues no se debe permitir que quienes no conocen la situación, den la dispensa haciendo uso de una facultad que puede generar corrupción.







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