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Descarta la Suprema Corte intervenir en juicio de militares

2 de abril de 2009.

MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no intervenir en la resolución de un juicio en el que está en juego decidir quién debe juzgar a los elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad y en el combate al crimen organizado: si los tribunales civiles o los del fuero militar.

Los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal decidieron no intervenir en el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares, que los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la que fueron baleados no portaban ni armas ni droga, en marzo del año pasado, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

En el caso en cuestión, en su calidad de víctima, la esposa del joven asesinado impugnó el hecho de que los cuatro presuntos homicidas -un oficial y cuatro elementos de tropa- de su difunto marido y de sus acompañantes sean juzgados por un juez militar, por considerar que no será imparcial a la hora de dictarles sentencia.

En especial porque peritajes realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Centro Pro coinciden en que los militares manipularon las evidencias y no preservaron el lugar de los hechos, pues desde que ocurrieron los hechos hasta que los civiles fueron remitidos al Ministerio Público transcurrieron alrededor de 8 horas.

Además de que, entre otras irregularidades, los jóvenes que fueron baleados, cuando aún se encontraban con vida, fueron trasladados en una ambulancia del Ejército que se desplazó a unos 30 kilómetros por hora, a pesar de que, aunque la carretera era de terracería, de acuerdo con investigaciones de la CNDH, pudo desplazarse a mayor velocidad.

Frente a esta situación la esposa de uno de los jóvenes fallecidos, promovió un juicio de amparo con el apoyo jurídico que le proporcionaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y la asociación civil Fundar, quienes fincaron en este caso sus esperanzas de que los militares que cometen delitos como parte de las tareas de seguridad que realizan sean investigados y juzgados por autoridades civiles.

Pero su demanda fue desechada por un juez federal por considerar que la esposa del joven asesinado no tenía ni siquiera el derecho de impugnar la decisión.

Después de la decisión, las expectativas que el amparo prospere se redujeron al mínimo, según la defensa de la esposa del militar.





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