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PGR investiga tráfico ilegal de personas en Casitas del Sur: ONG

2 de abril de 2009.

Marcos López, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, informa que la Procuraduría General de Justicia del DF mandó dos expedientes a la dependencia federal

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una línea de investigación en el caso de Casitas del Sur, para determinar si hubo tráfico ilegal de personas.

Marcos López, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, informó que desde mediados de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le mandó dos expedientes a la dependencia federal.

Detalló que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Subrprocuraduría de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra), la PGR realiza las investigaciones para decidir si atrae el caso por el delito federal de trata de personas.

En conferencia de prensa, Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, confió en que la PGR atraiga el caso y encuentre delitos del orden federal, ya que algunos menores fueron trasladados ilegalmente a otros estados y otros a Guatemala.

Marcos López adelantó que presentarán una denuncia de hechos por violencia familiar equiparada y corrupción de menores contra Elvira Casco Majacal, ex directora de Reintegración Social A. C..

Detalló que ella, además de maltratar física y sicológicamente a los pequeños, los obligó a cometer perjurio ante Ministerio Público para evitar que fueran devueltos a sus padres.

Sauri dijo que pedirán a las autoridades hacendarias se aclare quiénes son los donadores de Reintegración Social ya que tan sólo en 2006 recibió 5.1 millones de pesos en efectivo y en especie.

Dijo que también solicitará que le sea revocada la deducibilidad de impuestos.

El diputado local Agustín Castilla solicitó la intervención del jefe de Gobierno para que se agilicen las investigaciones, se presenten a los ocho niños desparecidos y se encarcele a los culpables.

Margarita Griesbath de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia exigió al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que con los documentos que tiene la procuraduría capitalina se coteje la ubicación de todos los menores canalizados a Casitas del Sur, y se aclare por qué ellos tenían la custodia y en un mes se presenten los resultados de las investigaciones.



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