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LA OPINIÓN DE:
Edna Lorena Fuerte
* CONTROVERSIA BANAMEX

7 de abril de 2009.

Existen dos discursos muy disímbolos en nuestro Gobierno Federal, uno que aguerridamente no le importa pasar sobre lo que tenga que pasar, no le importa que la pelea sea larga y muchos queden en el camino, pues se está defendiendo la Soberanía Nacional. Pero esa misma soberanía queda my lejos de las consideraciones de defensa del mismo gobierno cuando no se trata de la lucha contra el narco, sino de la firmeza frente a los intereses financieros en el caso de la controversia Banamex.

Somos el mismo país, son los mismos funcionarios. Pero las decisiones y los discursos son totalmente diferentes, se nos dirá que por su puesto se trata de temas muy distintos, y que ameritan separar las pasiones de las acciones, pero es justo en ese punto, que no nos parece se esté cumpliendo con los objetivos básicos de un Estado, entre ellos, la legítima defensa de la Soberanía.

Vayamos al principio, la Soberanía es una de las características consustanciales a la definición de Estado, y la base de su esquema de relación con el resto de las Naciones; el derecho Internacional está precisamente basado en los principios del ejercicio soberano y la no intervención. Y aunque todo esto parezcan verdades de anticuario, lo cierto es que son puntos ineludibles.

Ahora, uno de los principales argumentos de la lucha contra el crimen organizado es, por supuesto, que se está vulnerando la soberanía y la seguridad nacional, de modo que cualquier intervención del Estado es totalmente justificada, aun cuando implique el desencadenamiento de los hechos más cruentos de nuestra historia reciente, nadie puede estar en contra de luchar contra algo que pone en riesgo nuestra definición de país.

Pero si nos sentamos frente al mapa de los acontecimientos públicos nacionales, salta a nuestros ojos la contradictoria decisión del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, respecto a la controversia del Caso Citigroup-Banamex, que pudiera estar violando los principios de no intervención al convertirse prácticamente en una empresa que pertenece al gobierno estadounidense.

Los antecedentes son claros, como resultado de la grave crisis financiera internacional, un buen número de empresas, primero las que están directamente relacionadas con las finanzas, se fueron a unos dramáticos números rojos y luego a la quiebra. El gobierno de estados unidos, en ese momento viviendo la transición política más importante de su historia moderna, la que llevó a Barak Obama a la Casa Blanca, se decide por millonarios rescates para sacar a flote a estas empresas.

Pero el esquema no es de gratuidad excesiva, sino más bien tendiente a provocar un fuerte control del Estado sobre su debilitada economía, pues la forma en que se rescata a la empresas es precisamente comprando masivamente sus acciones, y tomando el control de sus consejos de administración. En el caso de Citigroup, luego del rescate gubernamental, el gobierno estadounidense posee alrededor del 37% de las acciones, siendo así el accionista mayoritario.

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito, ningún gobierno extranjero debe tener propiedad en las instituciones financieras que operen en el país, al ser el gobierno estadounidense propietario de tal cantidad de acciones, y este grupo a su vez dueño de la filial mexicana Banamex, entonces se está violando de manera evidente lo que se estipula en esta ley, que además es ratificado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Pero a pesar de que parece un asunto por demás claro, la Secretaría de Hacienda resuelve que no se está incurriendo en irregularidad alguna, e incluso añade que esa ley no se cumple porque es antigua y ya no tiene fundamento en el actual esquema de libre comercio internacional en el que vivimos. Lo que resulta claramente ofensivo para el orden constitucional mexicano.

Ante esto, con mayores o menores intereses políticos, los partidos de oposición, entiéndase PRI y PRD, se unen para llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerarlo una controversia constitucional que pone en riesgo nuestra soberanía, y vulnera los intereses del pueblo mexicano. Ya veremos cómo se comporta la corte ante un asunto de tantas espinas y tantos ceros.

Lo cierto es que es en este punto donde vemos con claridad la impostura de los discursos de nuestro gobierno, pues por un lado nos pone los valores nacionales como dogmas que se defienden con la vida misma, y por otro como cuestiones simbólicas que en lo práctico se pueden pasar por alto, dejando de lado la importancia de los principios que sustentan nuestras leyes, existen razones fundadas que impiden la participación de otros gobiernos en el manejo de las finanzas nacionales.

Entrar en posesión de los privilegios, no sólo monetarios, sino estratégicos, de información, que posee una institución financiera sobre los ciudadanos mexicanos, es claramente una violación a nuestra soberanía, y como tal no debe permitirse y debe sancionarse. Entonces pedimos al Gobierno Federal que homogeneice sus discursos, y más aun, sus acciones.

Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es [email protected] para sus comentarios, muchas gracias.



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