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LA OPINIÓN DE:
Edna Lorena Fuerte
PÚBLICOS, PERO AUTÓNOMOS

13 de abril de 2009.

Una de las grandes evoluciones del sistema democrático, es contar entre sus estructuras básicas con organismos públicos autónomos, que regulan precisamente todas aquellas actividades en las que el gobierno no puede ser “juez y parte”, pero que a la vez pertenecen al ámbito público, y merecen sustentarse con recursos del erario.

La transparencia y rendición de cuentas, los derechos humanos, y los procesos electorales son las materias más claras en las que intervienen estos organismos públicos y autónomos; es evidente que los tres rubros que mencionamos son requisitos inalienables de la construcción democrática de un régimen, y sustento de su evolución positiva.

Así, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Comisión Nacional de Derechos Humanos son construcciones de la democracia moderna en México, y el requisito fundamental de su constitución es la autonomía, es decir que, entre otras condiciones, tienen como base que quienes los encabezan sean ciudadanos de honorabilidad probada y estén fuera de las relaciones de poder que harían vulnerables sus decisiones.

La autonomía es un concepto muy complejo, pues no sólo se refiere a los órganos de gobierno de estas instituciones, y las personas que los encabezan, sino a todos y cada uno de los procesos que sustentan sus actividades; es decir, deben estar total y completamente desligados de los entramados gubernamentales, pues es el propio gobierno, en muchos de los casos, el sujeto de sus indagaciones.

Bajo esta premisa, existe un perfil ideal de los dirigentes –Comisionados, Consejeros, etc.- que definiría lo que debe ser y lo que se espera de alguien que deba sostener estos grandes pilares de la democracia: debe ser precisamente referencia de esa autonomía, reflejar en su carrera, su discurso y sus acciones, un total desapego a las relaciones de poder; además debe representar la voz de la ciudadanía, por lo que debe gozar de un gran reconocimiento público en todos los sentidos.

Ciudadanos modelo, integrales, con capacidades probadas y un carácter ecuánime que les permita sustentar legítimamente sus decisiones. De ahí es de donde surge la credibilidad y se sustenta la autonomía de estos organismos. Pero el mundo de las ideas es uno, y no siempre converge con la realidad a la que nos enfrentamos, si bien idealmente así deben constituirse estos órganos, lo cierto es que hemos sido observadores de graves vicios de poder en su constitución.

El IFE se convirtió en el paradigma de la democracia moderna, con el maestro José Woldemberg a la cabeza, los mexicanos pudimos romper con una añeja tradición de elecciones de Estado que sustentaron el régimen priísta por más de 70 años. Lograr construir una institución del peso suficiente para romper con esa inercia nociva nos trajo, al final, la posibilidad de la confianza y el reconocimiento a la labor de las autoridades electorales.

Sin embargo, luego de ese periodo de gran construcción, los vicios de poder se impusieron y los siguientes consejeros del IFE son señalados por sus relaciones políticas, Luis Carlos Ugalde no goza del reconocimiento generalizado, y el manejo que hizo de las decisiones electorales confirmaría su falta de parcialidad que nos llevó a un grave retroceso en materia electoral. Situación que se ha replicado en los institutos electorales de los estados, pues quienes los encabezan, en muchos casos, son claros ejemplos de personajes que forman parte del entramado de relaciones político-partidistas.

Y esta tendencia se confirma con el recién nombrado Secretario de Educación, Alonso Lujambio, quién hasta hace unos días estuviera al frente del IFAI, ahora salta a formar parte del gabinete presidencial. Desde que llegó al IFAI, se criticó su relación de cercanía con el presidente Calderón, de quién se dice es íntimo amigo, pues eso ponía en entredicho su actuación autónoma, precisamente. Ante estos rumores, cuando Lujambio tomó el cargo en este instituto aseguró que no cumpliría con los siete años que se le encomendaban y que no aceptaría ninguna oferta política antes de eso.

Ahora, sin el menor empacho, incumple su promesa y deja este cargo ciudadano por el alto cargo político de Secretario de Educación. A nivel de desarrollo personal es indiscutible su decisión, el ascenso es la regla, pero el contrasentido es evidente: está echando por tierra la idea de autonomía ciudadana que debe respaldar los nombramientos en los organismos públicos autónomos. Tal parece que no se ha entendido el sentido de que estos no sean parte orgánica del gobierno, sino entidades autónomas.

En Chihuahua tenemos un sobrado ejemplo de ello, la reciente ratificación del Consejero Presidente de nuestro IEE, a todas luces producto de las relaciones políticas que lo llevaron al cargo, deja en claro que no se ejerce la autonomía del organismo, y por el contrario, se confirman las relaciones viciadas que subyacen en la actuación de nuestra autoridad electoral. Es fundamental que se respete el sentido de autonomía de estos organismos, que se entienda de manera profunda su función en la construcción de la democracia, y que se actúe con sumo cuidado en la selección de sus miembros, pues el reconocimiento de la ciudadanía a su labor, va de la mano de la probidad de sus funcionarios.

Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es [email protected] para sus comentarios, muchas gracias.



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