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Aprueban iniciativa del diputado López Saldoval sobre localizadores electrónicos

23 de abril de 2009.

Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado presentó ayer al pleno de legisladores dictamen favorable a la iniciativa presentada por el diputado José Antonio López Sandoval, de exhorto al Ejecutivo estatal y la Procuraduría de Justicia del Estado para que soliciten e impongan la medida cautelar relativa a la colocación de localizadores electrónicos a los imputados, como método de disuasión en caso de reincidencia.

La propuesta, según el espíritu del legislador, señala que el nuevo sistema de justicia penal además de brindar soluciones alternas en la impartición de justicia, con resarcimiento inmediato de las víctimas del daño causado, rapidez y seguridad jurídica, por permitir un alto índice de resolución de conflictos en menor tiempo, garantizar los derechos fundamentales tanto de la víctima u ofendido como del acusado, propician que los acusados adquieran en breve lapso de tiempo su libertad y en consecuencia les sea fácil volver a delinquir, es decir, incurrir en reincidencia.

“Sin embargo –dice el legislador López Sandoval- si a esas personas les es colocado un localizador electrónico, podrá inhibirse la reincidencia, al sentir temor de ser localizado fácilmente por la autoridad. Si bien es cierto no abate definitivamente el delito, puede ser una solución preventiva de importantes resultados para la paz y tranquilidad de la sociedad”.

Enseguida se trascribe el dictamen aprobado por los legisladores del Congreso del Estado:

H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E. –

Las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES I.- Con fecha veintiséis de marzo del año dos mil nueve, fue turnada para su estudio y posterior dictamen a estas Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, la Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Antonio López Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de que se exhorte de manera respetuosa a los Ministerios Públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como a los Jueces de Garantía del Supremo Tribunal de Justicia, a efecto de que soliciten e impongan, respectivamente, la medida cautelar prevista en la fracción V del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales del Estado, relativa a la colocación de localizadores electrónicos a los imputados como método de disuasión en caso de reincidencia.

II.- El iniciador expone su iniciativa al tenor de los siguientes argumentos: “El nuevo Sistema de Justicia Penal se caracteriza por ser novedoso, reducir la impunidad, buscar soluciones alternas con resarcimiento inmediato de las victimas del daño causado, la rapidez y seguridad jurídica de los procedimientos penales, promover la transparencia y la cultura de legalidad, restablecer la credibilidad en las instituciones y en los operadores, por permitir un alto índice de resolución de conflictos en menor tiempo, garantizar los derechos fundamentales tanto de la victima u ofendido del delito como del acusado además de establecer incentivos para lograr una investigación profunda y profesional del delito.

Además uno de los principales objetivos de este sistema, es evitar en mayor medida el ingreso y permanencia de los imputados en los centros de reclusión por lo que la prisión preventiva será la excepción y no la regla, se aplicara únicamente en delitos que lesionen valores fundamentales de la sociedad, así que las autoridades judiciales pueden hacer uso de instrumentos como son las medidas cautelares que permiten que el imputado sujeto a proceso pueda gozar de su libertad en tanto se resuelve en definitiva su juicio. Ahora bien, como consecuencia de los anterior, nos enfrentamos con un conflicto generado por el hecho de que un gran numero de personas que han cometido determinado delito y son sujetos a este tipo de medidas, una vez que se encuentran en libertad cometan de nueva cuenta otro delito y vuelvan a ser procesados, esta figura de la reincidencia es un problema real y muy recurrente en nuestro Estado que difícilmente va poder ser controlado, por lo que es necesario buscar medidas o acciones para frenar o inducir a que se presente cada vez mas en menos medida.

Atento a lo anterior, el suscrito considera que si los Ministerios Públicos atendiendo al caso particular y en uso de sus facultades solicitan al Juez de Garantías la colocación de localizadores electrónicos, sin que medie violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado, como medida cautelar, se genera una persuasión a su conducta delictiva, que si bien es cierto, la imposición de esta medida no representa la solución en definitiva de esta problemática, por le hecho de que el acusado se sepa monitoreado las 24 horas del día va a generar en el, el temor de volver a cometer un delito, por ello, resulta importante que los ministerios públicos y los jueces de garantía hagan uso de aquellas medidas cautelares que permitan en lo sucesivo disuadir o inhibir la comisión de posteriores delitos por aquellos delincuentes habituales que tardan mas en cometer sus fechorías que salir de la cárcel y planear su próximo atraco. Obviamente que no pasa desapercibido para quien suscribe, que la eventual aplicación de los localizadores electrónicos como medida cautelar, pudiera ser onerosa para el Estado, sin embargo, en estos tiempos actuales que estamos viviendo en materia de inseguridad, es necesario enderezar y aplicar los recursos del pueblo, para el pueblo y donde el pueblo no lo exija, como seria para erradicar la conocida reincidencia del delito.”

Las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia después de entrar al estudio de la iniciativa de mérito, tienen a bien formular las siguientes: CONSIDERACIONES

I.- Variadas han sido las oportunidades para destacar la alarma provocada por la ola de violencia que se ha generalizado en todo el territorio nacional, y principalmente por las lamentables manifestaciones producto de dicha situación que se ha suscitado en nuestro Estado; sin embargo, a pesar de la lamentable gravedad de estos hechos, cabe también destacar la naturaleza extraordinaria de los mismos. La propuesta que el iniciador presenta, relativa a una situación de mayor relevancia a la generalidad de la sociedad, dado que representa una amenaza patente y no solo potencial a la seguridad de todos de los chihuahuenses, esto es, la reincidencia en relación a la delincuencia común, que afecta y amenaza indiscriminadamente a cada uno de nosotros.

II.- Es el parecer de estas Comisiones Unidas, que las motivaciones y propuestas del iniciador son acertadas, ya que si bien podemos hablar que los delitos del fuero común, se han visto opacados en cierta forma, por la magnitud y cobertura que los delitos de alto perfil y de extrema violencia que los enfrentamientos entre grupos de crimen organizado han dejado en todo el territorio estatal, ya pesar de ello, al hablar de delitos comunes, no se pretende minimizarlos como simples ilícitos sin importancia, sino que por el contrario, representan por su mayor volumen y su mas amplio e indiscriminado índice de afectación, una amenaza real e inminente para cualquier persona, sin importar su clase social, su sexo o su ocupación. Un sistema penal garantista, abraza entre sus principios, el de resguardar en todo momento las derechos fundamentales de los individuos que en este intervienen, incluyendo por supuesto, los de los imputados a grado tal, que resulta preferible sacrificar la posible aplicación de una sanción, que arriesgar las garantías individuales de un procesado, este sistema dentro de su naturaleza jurídicamente benigna, incluye en consecuencia lógica un riesgo, que resulta de mantener en libertad a individuos que probablemente han cometido un delito, bajo la hipótesis de que mantendrán una buena conducta, ya que se encuentran sujetos a un procedimiento penal, sin embargo dicha hipótesis, dista mucho de ser viable, toda vez que un reincidente habitual, o inclusive un primo delincuente que por su corta edad carece de registros penales pero no por ello de conductas antisociales, podrán o querrán abstenerse de delinquir mientras sean sujetos a un procedimiento penal, y es que debemos distinguir que la peligrosidad de los delincuentes, no proviene exclusivamente de la gravedad del delito que cometen sino de su temibilidad, que implica la perversidad activa y constante del delincuente y la cantidad posible de mal que hay que temer de parte del mismo, ya que la peligrosidad se mide también por la intensidad, persistencia y facilidad de reproducción de los motivos delictivos.

Por lo anterior es vital, al momento de imponer las medidas cautelares, tomar en cuenta que el riesgo que se pretende abolir, no es exclusivamente la sustracción de la acción de la justicia, sino también y muy por encima de esto, evitar la comisión de mas ilícitos, para lo cual debe tenerse en cuenta tanto por los agentes del ministerio público, como por los juzgadores, que la peligrosidad del delincuente se trata de una noción caracterológica que describe el estado de la personalidad de un individuo y, en el caso de la materia penal, el diagnóstico exige que se trate de una connotación personal, constante y activa, a este respecto debe surgir la interrogante: ¿cuanta cantidad de mal hay que temer del delincuente mismo?, pero el problema, jurídicamente hablando, surge de que dicha percepción no emana de un estado concreto, observable y registrable, sino que nace de un cálculo de probabilidades, es decir, el mal futuro que en el presente puede esperarse de un individuo y doctrinalmente dicho cálculo es admisible, pero jurídicamente hablando, y mas aun, en un sistema garantista es inaceptable mas allá de una conjetura, porque la probabilidad de reincidencia, y el grado de peligrosidad de un individuo como factores únicos para decretar una medida cautelar, no son suficientes jurídicamente hablando, ya que atienden a una percepción en función del ser del criminal y no del hacer criminoso, por lo tanto el derecho positivo exige que la peligrosidad de un individuo debe ser efectiva y no solo potencial para decretar una medida o una pena. De todo lo anterior surge la pregunta, ¿Qué hacer para evitar que una persona que ha cometido uno o varios delitos, pero que no cuente con antecedentes penales, vuelva a reincidir en conductas antisociales, simplemente porque no se cuenta con elementos objetivos para determinar su probabilidad de reincidencia que sirvan de herramientas al juzgador o al ministerio público para determinar una medida cautelar más severa?, es en este cuestionamiento donde germina la propuesta del legislador, a través de la cual busca llenar este hueco existente entre la hipótesis y la realidad, entre la seguridad y la constitucionalidad ya que al monitorear de manera electrónica, la posición física de un procesado, no se le limita su libertad para trasladarse, sin embargo, se le inhibe a cometer conductas ilícitas posteriores.

Al respecto el artículo del Código Sustantivo Penal en que el iniciador funda su propuesta versa de la siguiente forma: Artículo 169. Medidas.

A solicitud del Ministerio Público, una vez que se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en éste Código, la autoridad judicial puede imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares: I – IV….

V. La colocación de localizadores electrónicos, sin que medie violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; Sin embargo, ante tal propuesta surge otro problema de naturaleza práctica, la limitación presupuestal a que se enfrentaría dicha medida, ya que el costo de los dispositivos, así como el monitoreo de los mismos, representarían un fuerte gasto al erario público.

III.- Por otra parte, según lo propone el iniciador, exhortar a los Jueces de Garantía, y al Ministerio Público a efecto de dar cumplimiento a una medida cautelar, resulta problemático, toda ves que la solicitud y aplicación de las medidas cautelares es facultad exclusiva de dichos funcionarios y para ello la ley les otorga libertad de criterio, mas aún, no aplicar ninguna cuando lo estimen pertinente según las particularidades del caso. Al caso expuesto es pertinente lo establecido en el artículo 170 del Código de Procedimientos Penales.

Artículo 170. Procedencia. El Juez podrá aplicar las medidas cautelares cuando concurran las circunstancias siguientes:

I. Se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria; II. Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado represente un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido.

En ambos casos, se estaría invadiendo una esfera de atribuciones, al exhortar tanto a los Jueces de Garantía como al Ministerio Público para que apliquen tal o cual medida cautelar. IV.- Por otra parte, debe considerarse también la viabilidad de la propuesta desde un punto de vista meramente práctico, ya que uno de los mayores obstáculos que encontraremos al promover la medida cautelar en cuestión será el alto costo de la tecnología necesaria para la aplicación de la misma, que tendrá que ser sufragado por el estado toda ves que al tratarse de una medida cautelar y no de una pena, no se puede imponer el costo o parte del mismo al procesado, como sucede en los beneficios preliberacionales.

Por lo tanto al ser una medida inaplicable por el momento por la falta de recursos, tanto el Ministerio Público como los Jueces de Garantía se encuentran impedidos para solicitarla o imponerla según lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 171 del Código Sustantivo Penal.

Artículo 171. Imposición. A solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá imponer una sola de las medidas cautelares personales previstas en este Código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y dictar las órdenes necesarias para garantizar su cumplimiento. La prisión preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares.

En ningún caso el Juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad, ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulte imposible. Visto lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas proponen encaminar la propuesta del legislador, a otorgar una mayor viabilidad a la disposición legal sobre la que versa su iniciativa, a fin de aportar una herramienta verdaderamente útil a los órganos judiciales y ministeriales en la prevención del delito y la administración de justicia.

Por todo lo anterior, las presentes Comisiones Unidas coinciden con el iniciador en el acuerdo que propone, sin embargo en aras de no afectar gravemente a las presentes Comisiones Unidas al presupuesto estatal, y darle una mayor viabilidad a su propuesta, determinan exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a fin de que, se incluya en el presupuesto próximo, la compra de dispositivos electrónicos de monitoreo necesarios, en base a los estudios criminalísticos y de estadística procedentes, para aplicar la medida cautelar prevista por la fracción V del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, las Comisiones Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia someten a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de ACUERDO

PRIMERO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo del Estado a fin de que se considere la compra de dispositivos electrónicos de monitoreo que se estimen suficientes, necesarios a fin de estar en la posibilidad de solicitar, cuando se estime procedente, la medida cautelar prevista lo dispuesto por la fracción V del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales del Estado. SEGUNDO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que transmita la solicitud de esta alta Asamblea, a los Agentes del Ministerio Público, para que se sirvan de solicitar a los Órganos Jurisdiccionales respectivos la aplicación de la medida cautelar prevista por lo dispuesto en la fracción V del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta en los términos que corresponda.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. POR LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

DIP. ROBERTO LARA ROCHA DIP. JAVIER GAUDINI DÍAZ GURROLA

SECRETARIO DIP. RICARDO ESPINOZA LEYVA

VOCAL POR LA COMISIÓN PRIMERA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DIP. JORGE NEAVES CHACÓN

PRESIDENTE DIP. MIGUEL JURADO CONTRERAS

SECRETARIO DIP. JESÚS ARMANDO MUÑOZ PONCE

VOCAL



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