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Se deben fortalecer instituciones: Segob

24 de abril de 2009.

Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión en materia de seguridad tienen como objetivo principal el fortalecimiento de las instituciones que participan en el combate al crimen organizado y preservar las condiciones de gobernabilidad en el país aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob).

En un comunicado, la dependencia dijo que el paquete de reformas, enviado desde el martes al Congreso de la Unión, responde a la necesidad de reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas a través de un procedimiento más claro y transparente.

"Ante la petición de gobernadores de contar con el apoyo del Gobierno Federal, se brinda certidumbre a la intervención de las Fuerzas Armadas", indica.

Por separado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, adelantó en entrevista radiofónica que el Gobierno de Durango solicitó el apoyo el Ejército para combatir al crimen organizado, como ocurrió con Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez.

En su comunicado, la Segob explica que las cuatro iniciativas turnadas al Poder Legislativo, proponen reformas a: El Código de Justicia Militar; La Ley de Seguridad Nacional; La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.



Se establece que las Fuerzas Armadas participarán en apoyo de las instituciones de seguridad pública locales, cuando se vean amenazadas, susceptibles de ser vulneradas para cumplir con su tarea o estén siendo rebasadas ante un incremento de los índices de violencia.

El texto apunta que los gobiernos de los estados podrán solicitar, a través de mecanismos específicos, y tomando en cuenta el parecer de la sociedad civil y del Congreso de la Unión, la intervención del Consejo de Seguridad Nacional, a fin de adoptar medidas que permitan superar la emergencia, las que podrían incluir la movilización militar, que en su caso, debe ser ordenada por el jefe del Ejecutivo.

Las iniciativas criminalizan de manera más clara las conductas delictivas catalogadas como crimen organizado que ponen en peligro a la sociedad y reprimen el uso de armas que han sido modificadas tecnológicamente, no sólo considerando su calibre sino su letalidad.

De igual manera, se protege la integridad de la información propia de la seguridad pública que actualmente es una de las herramientas más importantes en el combate a la delincuencia organizada



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