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Debate sobre el aborto desata 'guerra' en el país

26 de abril de 2009.

Cuando hace dos años fue aprobada la legislación en el Distrito Federal que despenalizaba el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo, "los focos rojos" se encendieron y provocaron que la enorme red tejida en todo el país por organizaciones en favor de la cultura de la vida reforzaran sus acciones para evitar que el modelo legislativo de la Ciudad de México se replicara en otras entidades locales.

Entre muchas otras, ahí estaba en acción la Alianza Mexicana por la Vida con 100 organizaciones afiliadas; Red Familia, una coalición de 400 instituciones, y el Comité Nacional Provida con presencia en 27 entidades, las que a través de cabildeos con legisladores y su presencia en medios de comunicación han pedido a los Congresos locales se respete la vida, bajo argumentos morales y un asesoramiento jurídico especializado.

Es así como a dos años de lo ocurrido en el Distrito Federal, estas organizaciones dan la bienvenida a la decisión del Congreso de Campeche, que esta semana reformó su Carta Magna para elevar a rango constitucional la defensa de la vida desde el momento de la concepción o fecundación hasta la muerte natural. Con esto, Campeche se ha convertido en el estado número 11 que ha aprobado leyes en favor de la vida.

"No es un logro de nosotros, sino de los diputados de cada entidad, los argumentos tenían que caer por su propio peso. No obstante, pudimos acercarnos a algunos legisladores, pero estas iniciativas se debieron al buen juicio de los políticos", dice el padre Pedro Agustín Rivera Díaz, rector de la antigua Basílica de Guadalupe y quien encabeza la Alianza Mexicana por la Vida.

"Con nuestras delegaciones en los diversos estados, todos hemos participado en cabildeo. Estamos seguros que en ningún otro estado prosperará una Ley similar a la del Distrito Federal, porque el respeto a favor de la vida y una mayor promoción de los valores es una constante en el interior de la República", comenta Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida.

A su vez, Enrique Gómez Serrano de Red Familia, reconoce haber actuado para influir en la creación de leyes y políticas públicas que protejan al núcleo familiar.

En 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la Procuraduría General de la República interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que en agosto de 2008 confirmó la Ley que despenaliza el aborto en la Ciudad de México.

Para la constitucionalista Ingrid Tapia, de quien han retomado argumentos los movimientos en favor de la vida, la aprobación en los 11 estados de este tipo de leyes es una respuesta al engrose de mil 200 hojas que la Suprema Corte, sin determinar la relevancia del derecho del que está por nacer ante el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.



El padre Pedro Agustín Rivera está convencido de que la defensa de la familia y otros valores como el de la vida, debe pasar a las acciones concretas, no sólo desde una cúpula religiosa, sino desde el ámbito de la sociedad civil.

Es por ello que la Alianza Mexicana por la Vida, asociación civil integrada por más de 100 grupos vinculados a la Iglesia católica, ha impulsado la formación de agentes que desde el punto de vista político, científico, bioético y de medios de comunicación, defiendan dichos argumentos.

Por su parte, Organizaciones No Gubernamentales proabortistas preparan estrategias legales para contrarrestar las reformas constitucionales que han aprobado en los últimos dos años los congresos locales de 11 estados y que defienden el derecho a la vida desde la concepción.

Aideé García, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, informó que en esas entidades (Baja California, Nayarit, Durango, Jalisco, Morelos, Chihuahua, Sonora, Colima, Campeche, Quintana Roo y Puebla) presentarán, a través de las comisiones estatales de derechos humanos, recursos de inconstitucionalidad.

Explicó que las reformas legislativas que defienden la vida desde la concepción violan el Artículo 4 constitucional, el cual garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre cuántos hijos tener y en qué momento.

En entrevista, la activista dijo que dichas reformas se lograron debido a las alianzas que el PRI y el PAN han establecido con la Iglesia Católica.

"La jerarquía Católica, de manera oficial, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha emprendido una campaña para imponer su particular punto de vista sobre la vida en las leyes locales y federales de nuestro país, aprovechándose de la impunidad que el actual partido gobernante le concede para negociar ilícitamente acuerdos con las fracciones parlamentarias afines a su cosmovisión y para lanzar amenazas y presiones sobre los cuerpos legislativos donde no ha encontrado eco a sus demandas", señaló. Dijo que debido a que son cada vez más los estados donde se han aprobado las referidas reformas, las Organizaciones No Gubernamentales realizan un análisis jurídico de las mismas para proponer controversias constitucionales, además de que, en breve, iniciarán una serie de movilizaciones para protestar por la injerencia de la Iglesia Católica en la legislación relacionada con la salud de las mujeres.



"Lo que están tratando de hacer los grupos conservadores -consideró García- es evitar que en otros estados se despenalice el aborto como sucedió hace dos años en el Distrito Federal, sin pensar que se tomó esa decisión porque el aborto inseguro es un problema de salud pública".

Al respecto, Malú Micher, presidenta del Instituto de las Mujeres en el DF, señaló que esas reformas son promovidas por el PRI en su alianza con el ala más conservadora de la Iglesia Católica y cuya finalidad es "eminentemente política. Pero al final, las perjudicadas somos las mujeres".

Confió en que el fenómeno no se extienda a todo el país porque "ninguna constitución local puede estar por encima de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos".

Ya son 11 los estados en 'favor de la vida'.



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