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Aprueban reformas a la ley de vialidad propuestas por el diputado Olivas

7 de mayo de 2009.

Con el propósito de inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y de brindar tratamiento y rehabilitación a quienes violenten el presente ordenamiento legal, la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado presentó un dictamen con reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito para su aprobación por el cuerpo colegiado de legisladores.

Con el voto unánime del pleno, la iniciativa presentada por el diputado Manuel Humberto Olivas Caraveo se sustenta en la argumentación de que el alcohol desempeña un factor considerable como causa de accidentes de tráfico en los conductores de automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones. “Estudios han comprobado que al menos 9 de cada 10 accidentes involucran a un conductor que ha bebido”, dijo Olivas Caraveo.

Agregó que los mismos estudios señalan que entre un 60 y 80 por ciento de los conductores que han sido detenidos por violentar las normas de vialidad son alcohólicos. Las dos terceras partes de personas detenidas son alcohólicas y predomina el registro de conductores masculinos.

“Lo que proponemos es analizar la relación entre el alcohol y la accidentalidad de tráfico y lo que se puede y debe hacer para evitar la accidentalidad de tráfico relacionada con alcohol”, dijo el legislador panista.

El decreto, entre otras cosas, brinda atribuciones al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para celebrar convenios de colaboración con las instituciones autorizadas por la Secretaría de Salud de la entidad, a fin de que se brinde el tratamiento o rehabilitación a quienes violenten la norma legal de vialidad. Asimismo, faculta a los presidentes municipales para que hagan lo antes descrito.

Relativo a sanciones, el decreto estipula que en caso de detención de conductores ebrios se les suspenderá la licencia para conducir y la obligatoriedad del infractor de acudir al menos a 10 sesiones de Alcohólicos Anónimos en un periodo de 30 días, a criterio del Oficial calificador, tomando en cuenta el grado de intoxicación alcohólica.



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