Weekly News

La Opinión de:
Edna Lorena Fuerte
* DEPORTACIONES EXPONENCIALES

25 de mayo de 2009.

En estos días, nuestro presidente municipal, José Reyes Ferriz, se afana en negociaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder “negociar” que las deportaciones que han sido anunciadas por el gobierno de California, no se hagan a esta frontera, sino que se envíe a los connacionales repatriados directamente a la Ciudad de México. Pero este no es un tema nuevo.

Al menos no lo es como parece querer presentarlo el gobierno municipal, se trata de un asunto que ha venido teniendo una escalada exponencial que, desde el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, comenzó a significar un grave riesgo para toda la zona fronteriza, pues la deportaciones no sólo se realizan a nuestra ciudad, pero es aquí en donde recibimos el mayor número de personas.

Tan es así, que las autoridades municipales cuentan con un programa de apoyo a estas personas, en el que se les apoya con el costo del viaje de regreso a su lugar de origen, y el hospedaje y los alimentos, mientras están en esta ciudad. Este programa contaba con una partida inicial de 7 millones de pesos, que parecen ya ser insuficientes a estas alturas del año, pues la cantidad de deportaciones que enfrentamos es cada vez mayor.

En 2007 se reportaron alrededor de 81 mil repatriaciones por esta frontera, para el año siguiente 2008 se contabilizaron 400 mil, quintuplicándose en tan sólo un año, y para este 2009 se espera que la cifra aumente aun más, dadas las condiciones de la crisis económica en EU, que ha provocado el desempleo de miles, de aquel lado de la frontera, así como también de este.

Sin embargo, las repatriaciones, o regresos voluntarios de ciudadanos mexicanos que radican en EU, que por sí sola es un asunto del mayor impacto para la dinámica de la ciudad, no es lo mismo que la llegada de personas que han estado ingresadas en el sistema penitenciario de ese país, pues se trata de delincuentes juzgados por los más diversos delitos. El argumento del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger es disminuir la población de las prisiones estatales a su cargo, liberando con ello a más de 19 mil presos de nacionalidad mexicana.

No está claro cuál es el estado de las condenas de los reos que pretenden ser liberados: si ya han sido compurgadas, si cuentan con algún beneficio de libertad preparatoria, condicional, o de qué tipo; y más aún, cuál es la gravedad de los perfiles de estas personas. Lo único que está muy claro es que son personas que “le sobran” a las cárceles estadounidenses y, sin mayores argumentos diplomáticos, deben volver a su país de origen.

Entonces, se pretende enviar a nuestra ciudad a estas 19 mil personas, sólo con las manos en los bolsillos, pues ni siquiera se habla de sus expedientes. El impacto a nuestra ciudad será terrible, no sólo por el hecho de aumentar la ya de por sí enorme cantidad de personas en desamparo (sin empleo, sin casa, sin familias), y con un perfil de antecedentes penales, que fácilmente abonarían al clima de violencia e inseguridad que enfrentamos.

De acuerdo con cifras oficiales, de los deportados con antecedentes delincuenciales, cerca de una tercera parte termina involucrándose en actividades delictivas de diverso tipo ya una vez en nuestra ciudad. Y ante esto, hasta ahora lo único que tenemos los juarenses para combatir esta medida es esperar, de buena fe, que estas personas quieran volver a sus lugares de origen, pues ese programa de apoyo no puede obligarlos, y en la práctica la verdad es que muchas de estas personas se quedan en la zona fronteriza, buscando oportunidades de empleo.

No existen programas, ya no digamos de integración para estas personas, sino que ni siquiera hay coordinación entre las diferentes autoridades involucradas, locales y federales, para darles seguimiento y monitorear las actividades y formas de vida a las que se integran estas personas. Pues, aunque se argumente de manera acertada que el Estado Mexicano no tiene nada en contra de ellos, y las razones por las que hayan sido juzgados allá es cuestión del país vecino, no podemos quedarnos con estos miopes argumentos de legalidad, ante un riesgo de características exponenciales.

El perfil criminal de estas personas lleva aparejados muchos riesgos para el entorno en el que se desarrollan, no porque tengamos un prejuicio en contra de ellos, sino por la incidencia estadística que lo ha probado. No podemos permitirnos que se abone a los ya de por sí agravados factores de inseguridad en nuestra ciudad, las razones por las que Reyes Ferriz solicita a las autoridades federales que no se acepte la deportación a esta frontera y que se envíen al centro del país son absolutamente legítimas, pero no son la solución.

Aun cuando estas personas sean llevadas a las puertas de sus lugares de origen, la peligrosidad social que representan estaría impactando aquí o allá, evidentemente los juarenses tendríamos un problema menos, pero como país, este tipo de asunto requieren de una planificación mucho más profunda, de programas de inteligencia y seguridad que surjan de la voluntad bilateral, pues hasta ahora sólo se ingresan las fichas de estas personas al sistema de inteligencia de la AFI, por su reinciden, pero no se tiene la información exacta de sus delitos para poder prevenir. El asunto no es menor y debe ser resuelto al más alto nivel.

Soy Edna Lorena Fuerte y mi correo es [email protected] para sus comentarios. Gracias.



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