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Advierten riesgos en reclusorios estatales

25 de mayo de 2009.

Diputados y senadores del PAN y PRD denunciaron que existe un grave nivel de corrupción en los mandos policiacos responsables de la vigilancia en los penales, lo que impide mantener un control de la población carcelaria, particularmente de los reos de alta peligrosidad.

El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Diódoro Carrasco, aseguró la fuga de más de 50 reos del penal de Cieneguillas, Zacatecas, muestra el problema de corrupción que hay en ciertos mandos policiacos, sobre todo los asociados a la vigilancia de los penales.

"Es un asunto verdaderamente grave, una situación francamente de extrema gravedad; un caso así no se había dado en el país, es verdaderamente insólito, por el número de personas fugadas, por su pertenencia a bandas del crimen organizado y por el operativo tan puntual, certero, organizado", afirmó el panista.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Tomás Torres, denunció que el Gobierno Federal no colabora de manera eficiente en la vigilancia de presos de alta peligrosidad que pertenecen a poderosas organizaciones criminales.

Consideró que esa deficiencia pone en riesgo la estabilidad y seguridad de los centros de reclusión locales, donde son cada vez más comunes fenómenos como los amotinamientos, las fugas y los ajustes de cuentas.

El legislador por Zacatecas informó que en el país sólo existen seis centros federales de readaptación social, los cuales tienen capacidad para alojar a seis mil 500 internos.

Sin embargo, explicó, tan sólo en 2006 se registraron más de 51 mil personas procesadas por delitos del fuero federal.

"Por ello, el Gobierno Federal recurre a los 331 centros de readaptación de los estados y los 10 ubicados en el Distrito Federal. Incluso existen diversos centros estatales en donde casi la mitad de los internos corresponde al fuero federal.

"Muchos de los reos del fuero federal internados en centros penitenciarios locales tienen perfiles delincuenciales y criminológicos considerados de alto riesgo, que sobrepasan la infraestructura y la capacidad de las entidades federativas", advirtió.

De acuerdo con el perredista, el Gobierno Federal aporta menos de una cuarta parte de los gastos de manutención de los presos federales que están bajo la responsabilidad de las entidades federativas.

Por ello propuso que la Comisión Permanente exhorte al secretario de Seguridad Pública federal y al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a establecer acuerdos de coordinación y corresponsabilidad con los Gobiernos estatales.

La intención, dijo, es garantizar la vigilancia y la debida ejecución de sentencias de los reos del fuero federal que se encuentran internados en penales de los estados.





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