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Ve retroceso en México Amnistía Internacional

28 de mayo de 2009.

Pese al despliegue de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en operaciones contra la delincuencia organizada, en 2008 murieron en México más de 6 mil personas en incidentes violentos, señala Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.

Destaca el asesinato de 24 hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en La Marquesa y el estallido de dos granadas en Morelia durante la celebración del Día de la Independencia.

La organización registra un aumento en los casos de militares y policías implicados en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de viviendas.

El año pasado, indica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló nueve recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una de ellas por el asesinato de dos mujeres y tres niños en un retén militar en Santiago de Caballeros, Sinaloa.

"Se adoptaron medidas para crear una Policía Federal única con mayores atribuciones en materia de investigación. Sin embargo, no se pusieron en marcha iniciativas para reforzar la rendición de cuentas de la Policía por violaciones de derechos humanos, y continuó sin acometerse la reforma de las policías estatales y municipales", apunta.

AI reconoce, sin embargo, que "decenas de agentes de las fuerzas de seguridad murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber".

Consigna, por otra parte, que en septiembre más de 30 reclusos murieron en los disturbios registrados en la prisión estatal de La Mesa, en Tijuana. Respecto a ese incidente, recuerda, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California manifestó que algunas de las muertes eran producto del uso excesivo de la fuerza y a otras violaciones de derechos humanos perpetradas por los responsables de la operación en el penal.

En octubre, agrega, la Policía Federal disolvió una manifestación que se realizaba sobre una carretera en Xoxocotla, Morelos.

"Muchas de las personas aprehendidas afirmaron que las habían detenido en su domicilio, las habían golpeado y a algunas las habían obligado a andar descalzas sobre brasas candentes", denuncia.

BALANCE

Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional, consideró en entrevista que el incremento en 2008 de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y elementos de las corporaciones policiacas representan un severo retroceso para el país.

"La nueva Ley de Seguridad Nacional contiene elementos de depuración de la Policía, de supervisión, pero no de mejoría de los mecanismos de rendición de cuentas".

Reconoció que México enfrenta una situación compleja en materia de seguridad pública a causa del narcotráfico y la delincuencia organizada, pero subrayó que eso no justifica los abusos por parte de militares y policías.

Consideró que la fuga de 53 reos de un penal de Zacatecas es sólo una muestra de la impunidad y la opacidad con la que se manejan las fuerzas del orden.

Cuestionan reformas a justicia penal

Para Amnistía Internacional (AI), las reformas legales en materia de justicia penal aprobadas en México durante los últimos meses han dejado de lado la protección de los derechos humanos.

"El endurecimiento de las penas y la incorporación a la Constitución del arraigo (prisión preventiva sin cargos) durante 80 días fueron algunas de las medidas adoptadas para combatir la delincuencia", indica en su Informe Anual sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo.

"En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas policiacas, pero no se reforzaron las garantías sobre los derechos humanos".

La organización internacional destaca como avances la instauración de los juicios orales y algunas mejoras en el proceso debido para los delitos comunes, como la presunción de inocencia.

Se bloquearon además, reprocha, una serie de reformas dirigidas a incorporar de manera explícita en la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos.

Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México, consideró que el esquema de arraigo limita las posibilidades de defensa de inculpados a quienes no se han formulado cargos.





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