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Citan a 36 personas más por caso Michoacán

29 de mayo de 2009.

Luego de que declararan 29 servidores públicos de Michoacán, entre ellos 10 alcaldes presuntamente relacionados con el crimen organizado, el Agente del Ministerio Público citó a 36 personas más para testificar sobre esta investigación.

Los abogados de los presuntos responsables de delincuencia organizada confirmaron que los fiscales del caso les informaron que hasta el próximo sábado se definirá la situación jurídica de los retenidos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Fuentes de la PGR informaron que la Representación Social de la Federación solicitó un paquete de arraigos ante un juez federal especializado en medidas cautelares de arraigo, intervención de llamadas telefónicas y cateos, pero no se informó cuántas solicitudes se tramitaron.

Juan Rivero, abogado del alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtlahua Orihuela, dijo que "hoy cuando presentamos las pruebas de descargo pedimos a la fiscal que haga declarar a los miembros de la escolta de mi cliente, pero ella me dijo que será hasta el sábado cuando se defina la situación jurídica de los alcaldes".

Rodrigo Iglesias abogado del alcalde de Uruapan, Antonio González Rodríguez, de extracción panista, sostuvo que el procedimiento está viciado de origen, "porque a todos los trajeron a la SIEDO con engaños, nunca les dijeron ni les mostraron que había órdenes de localización ni presentación en su contra".

Desde antes de las 10 de la mañana, los abogados de los ediles y funcionarios de Michoacán se presentaron ante la Oficialía de Partes de la SIEDO, donde ofrecieron sendos paquetes de pruebas de descargo de acuerdo con las declaraciones hechas por sus clientes ante el Ministerio Público de la Federación.

En este momento la prioridad de los abogados es obtener la libertad de los presuntos responsables y por ahora no se ha definido si se impugnará ante los jueces federales la detención de su cliente o si se contrademandará.

Francisco Baldovino e Ismael Jiménez, representantes legales de los alcaldes de Coahuayana y Aquila, respectivamente, negaron la participación de sus clientes en alguna reunión con delincuentes y menos que hayan asistido a "la cumbre de alcaldes y líderes del narcotráfico".

En ese sentido, señalaron que sus defendidos fueron electos con el voto popular y hoy es el pueblo y sus electores quienes se encuentran ofendidos por la forma en que fueron detenidos, por lo que anunciaron movilizaciones en varios municipios.





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