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“La Familia”, el cártel más peligroso: PGR

30 de mayo de 2009.

Para la Procuraduría General de la República, la organización delictiva La Familia es ya la más peligrosa del país, tanto por su poder de fuego e intimidación, como por su manejo de la violencia y capacidad de corrupción a autoridades locales y federales.

El procurador Eduardo Medina Mora precisó que el cártel michoacano encabeza la producción y distribución de drogas sintéticas metanfetaminas en el país, como lo evidencia el desmantelamiento de 39 laboratorios de producción de este tipo de sustancias, 19 de ellos, en el municipio de Apatzingán.

Aunque en otras entidades donde predominan grupos delictivos distintos, se registra un mayor número de ejecuciones, el manejo de la violencia de La Familia contra autoridades de todos los niveles y la población en general es “sorda y soterrada” en términos de extorsiones, secuestros, privación ilegal de la libertad y robo.

Eduardo Medina Mora señaló que para dimensionar el significado de la presencia de La Familia y su pugna con organizaciones rivales como la del Golfo-Los Zetas y el cártel de los Valencia, basta recordar que en Michoacán se han asegurado 10 mi 311 armas, 6 mil 53 de ellas largas, lo que coloca a la entidad en el primer lugar en el país en este rubro, seguida de Tamaulipas y Sinaloa.

Por su parte el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, confirmó que ya fueron arraigados los 30 funcionarios públicos de Michoacán que se encuentran presuntamente relacionados con delitos del crimen organizado.

En cuanto al entramado jurídico en la lucha contra la delincuencia organizada, se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Orgánica de la PGR, que formaliza la desaparición de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y se crea la Policía Federal Ministerial (PFM). Se pretende “dar respuesta oportuna, clara, apegada a derecho y contundente a la situación actual del crimen organizado en México”.

En forma paralela, se publicó también la Ley de Extinción de Dominio que permite a las autoridades federales incautar bienes al crimen organizado de forma expedita. Ahora, el Estado podrá apropiarse de haberes que sean producto de un delito o se utilicen por el crimen organizado para cometer un ilícito; la nueva ley entrará en vigor dentro de 90 días.



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