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Piden renuncia de la Procuradora y el Juez de consigna del cuarto penal

3 de junio de 2009.

El suscrito, en mi carácter de diputado a la Sexagésima Segunda Legislatura y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo ante esta Representación Popular, a efecto de presentar enérgico pronunciamiento por la vergonzosa, aberrante y cobarde actuación del C. Gobernador del Estado; Lic. José Reyes Baeza, quien en un claro menoscabo a la división de poderes indebida e ilegalmente utiliza las instituciones de Justicia en el Estado, para perseguir, reprimir y agraviar a sus adversarios políticos, con perversos propósitos de carácter electoral, incluso personal, que paralelamente sirven para disimular la incapacidad manifiesta de su gobierno para enfrentar la ola de inseguridad que priva en la Entidad. Lo anterior al tenor de los siguientes

A N T E C E D E N T E S: Sin lugar a dudas el pasado sábado 30 de mayo del año en curso, el Estado de Chihuahua, pasa a formar parte de las páginas negras en la historia de la represión y violencia Institucional, ejercida por el actual Gobierno del Estado, presidida por el Lic. José Reyes Baeza Terrazas.

El GPPAN, lamenta profundamente el atropello y la manipulación a la división de poderes en el Estado, es inconcebible el autoritarismo y la falta de respeto a nuestros máximos ordenamientos del País y Estado, en este sentido el artículo 49 y su correlativo 31 de la Constitución Federal y Local respectivamente, prevén: que el poder público del Estado se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además, dispone que nunca podrán reunirse dos o mas de estos poderes en una sola persona. En la especie, en el Estado de Chihuahua, se encuentra encarnado un autentico y real monopolio del ejercicio del Poder.

Compañeras y compañeras legisladores, de todos es conocido que hoy, injustamente se encuentra detenido en el CERESO, el C. Juan Alberto Blanco Zaldivar, candidato a diputado federal por el distrito 06, aún y cuando se le había concedido un amparo de carácter definitivo contra la orden de aprehensión; destacando dicho resolutivo lo siguiente; resulta evidente que en la causa penal de origen no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de cohecho, por el que se dictó al aquí quejoso orden de aprehensión en fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve, tampoco esta demostrada su probable responsabilidad en la comisión del mismo; la resolución reclamada resulta violatoria de garantías; por lo que en reparación a las mismas procede concederle el amparo y protección de la justicia de la Unión.

Con el amparo definitivo concedido por una Juez de Distrito; obviamente se les da un revés, se caen las mascaras, y ponen de manifiesto la forma de procurar e impartir justicia en el Estado de Chihuahua.

Sin embargo, la actuación del Gobernador no se hizo esperar, donde manipula y ordenó en su carácter de titular de los poderes del Estado, al juez de consigna Lic. Rodolfo Romano Hernández, que le obsequiara otra nueva orden de aprehensión, en un claro detrimento a los más elementales principios de la justicia y la legalidad.

Sr. Gobernador, el GPPAN; en principio lo invitamos a darse una vuelta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la particular del Estado, para que conozca el ámbito de su competencia y por ende, respete a cabalidad la autonomía y el ejercicio de sus función de los Poderes legislativo y Judicial y no haga uso de ellos, para fines perversos.

Asimismo señor Gobernador, desafortunadamente nuestra Entidad, tiene muchos problemas de los cuales tenemos que enfrentar; somos el primer estado con más ejecutados; con más divorcios, con más menores de edad embarazadas; estamos convertidos en un paraíso de impunidad; somos fabricantes y productores de desempleados, tenemos infinidad de adictos, y ante este desolador panorama, usted Sr. Gobernador, se empecina a manipular a todo el aparato del Estado, para satisfacer intereses personales y de grupo, en contra de la dignidad de la persona y de la ciudadanía misma.

Por ello, no permitiremos que se atropellen los derechos fundamentales de nadie, ni permitiremos el ejercicio indebido del Poder, ni mucho menos la represión como hoy, lo esta haciendo a su máxima extensión, en un claro retrocesos la vida democrática del país y estado, el C. Gobernador del Estado, a quienes hacemos un enérgico llamado para que toda su animadversión que tiene para los adversarios políticos la enderece en contar de quienes tienen secuestrada nuestra Entidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente

ACUERDO PRIMERO.- En aras de fortalecer la división de poderes y garantizar la vida democrática en la Entidad, la Sexagésima Segunda Legislatura, presenta enérgico pronunciamiento por la vergonzosa, aberrante y cobarde actuación del C. Gobernador del Estado; Lic. José Reyes Baeza, quien en un claro menoscabo a la división de poderes indebida e ilegalmente utiliza las instituciones de Justicia en el Estado, para perseguir, reprimir y agraviar a sus adversarios políticos con perversos propósitos de carácter electoral, incluso personal; que paralelamente sirven para disimular la incapacidad manifiesta de su gobierno para enfrentar la ola de inseguridad que priva en la Entidad.

SEGUNDO.- Por su evidente complicidad en la persecución política del C. Juan Blanco Zaldívar, la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, solicita a la Lic. Patricia Lucila González Rodríguez, Procuradora General de Justicia y Lic. Rodolfo Romano Hernández, Juez de consigna del cuarto penal, su inmediata e irrevocable renuncia a los inmerecidos cargos que actualmente desempeñan, por su parcialidad e irresponsable en el ejercicio de sus funciones. Chihuahua, Chih. a 2 de Junio de 2009.



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