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Se reúnen diputados panistas con Fernando Gómez Mont por caso Blanco

4 de junio de 2009.

“Mientras los ciudadanos permanecen como rehenes del crimen organizado y la delincuencia común, el gobierno de Chihuahua dedica sus esfuerzos en materia de procuración de justicia para secuestrar oponentes electorales y aniquilar adversarios políticos”, dijeron los diputados de la fracción parlamentaria de Acción Nacional al titular de la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de la República, Fernando Gómez Mont, en una reunión que se efectuó hoy por la mañana en la sede de dependencia federal.

El coordinador de los legisladores blanquiazules de Chihuahua, Fernando Álvarez Monje, expuso al funcionario federal la grave situación que la entidad padece en materia de seguridad pública, principalmente en la frecuente y violenta comisión de delitos del fuero común, la mayoría de ellos calificados de gravedad contra la persona como el secuestro, el homicidio, el feminicidio, amenazas y lesiones, así como un sinnúmero de delitos patrimoniales como la extorsión, robo de vehículos, robo a negocios y casas habitación, incluyendo además incendios intencionales y asaltos. Todo ello, sumado al imperio de la violencia que caracteriza la presencia impune del crimen organizado en todos los rincones de la entidad.

“Existe una pública sospecha de la probable vinculación de servidores públicos con criminales de estas bandas delictivas y un evidente desinterés de la autoridad estatal por enfrentar e investigar la comisión de delitos.

Como ejemplo denunciaron al funcionario federal los casos no resueltos sobre la masacre de Creel, la masacre en el Bar Rosas, la fuga impune del narcotraficante Crispín Borunda, las canonjías a presidiarios en penales del estado, así como la vinculación directa de servidores públicos y candidatos del PRI con reconocidos delincuentes, entre ellos Saulo Reyes”, dijeron los diputados chihuahuenses.

Finalmente, Álvarez Monje narró que el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, mostró un abierto interés y preocupación en la exposición de los legisladores y se comprometió, en el marco existente de respeto a la soberanía de los estados, las facultades entre niveles de gobierno y la apropiada civilidad política, a atender el asunto de forma urgente y prioritaria, sin abandonar la firme convicción de acabar con la impunidad y el delito.



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