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El 77% de las empresas han sufrido fraudes en México durante el último año

5 de junio de 2009.

El 77 por ciento de las empresas que operan en México sufrió al menos un fraude en 2008, lo que les causó unas pérdidas de 900 millones de dólares (638 millones de euros), según un estudio de la consultora internacional KPMG divulgado hoy.

Los datos, contenidos en la "Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008", realizada por esa compañía, revelan también que el 46 por ciento de los fraudes fue cometido por personal de las propias empresas.

La investigación de la firma auditora destaca que los fraudes más comunes cometidos por empleados ha sido el robo de inventarios y la asociación ilegal con proveedores y clientes.

En uno de cada cuatro casos, el monto defraudado fue superior al millón de pesos (unos 54.000 euros) y en uno de cada diez la cifra llegó a superar los 5 millones de pesos (más de 270.000 euros).

KPMG, que entrevistó a 235 directivos de empresas con ingresos entre 200 y 5.000 millones de pesos (entre 10 y 272 millones de euros), mostró que el 86 por ciento de los casos el desfalco se descubrió hasta seis meses después de haberse cometido.

El 50 por ciento de las empresas encuestadas percibe que México es un país con un alto riesgo de padecer fraudes, un resultado que sólo es superado en América por Argentina (67%), y que rebasa al de otras naciones de la región como Brasil (45%), Estados Unidos (5%) y Chile (1%).

Asimismo, el 44 por ciento de las compañías que participaron en la encuesta confesaron haber realizado "pagos extraoficiales" a funcionarios.

En promedio, las empresas destinan un 5 por ciento de sus ingresos anuales al pago de sobornos y la mayor parte de estos pagos por corrupción se realizan con las autoridades municipales, señala el documento.

Seis de cada diez compañías considera, además, que los pagos extraoficiales a funcionarios tienen "un impacto significativo en sus proyecciones de inversión en México".

KPMG indicó que la prevención del fraude y el control de la corrupción "pueden ser hasta cuatro veces más baratas que la propia investigación de actos ilícitos, sin considerar el coste y el desgaste administrativo que implica recuperar el dinero perdido".



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