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Niega México ante la ONU impunidad en justicia militar

12 de junio de 2009.

En México 14 elementos del Ejército han sido sentenciados por violaciones a los derechos humanos, y actualmente se integran seis averiguaciones previas y se han consignado ante juzgados castrenses a 32 efectivos, por lo que con estas cifras el Gobierno mexicano sostuvo ante Naciones Unidas que no existe impunidad en la justicia militar y que ésta es eficiente, por lo que rechazó las recomendaciones del organismo para que los tribunales civiles sean los que investiguen y sanciones estos casos.

Así lo establece un informe que México entregó ayer ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que se afirma que es "legalmente insostenible" que los integrantes del Ejército sean juzgados fuera del ámbito militar cuando cometen un delito durante el servicio, pues contraviene la Constitución Política del país, que establece el fuero militar para preservar la disciplina y actuación de las Fuerzas Armadas.

Aunque en el documento, el Gobierno mexicano aclaró que la Ley permite que las resoluciones que emiten las autoridades castrenses sean recurridas o revisadas por juzgados civiles mediante la figura jurídica del amparo, por lo que "en México el sistema jurídico civil prevalece sobre el proceso jurídico militar".

Se reveló que entre 2001 y 2008 de las resoluciones emitidas por juzgados militares y el Supremo Tribunal Militar, se interpusieron 958 amparos, de los cuales en 361 casos se concedió la protección de la justicia civil contra actos de la autoridad castrense, es decir, el 37.6% de las demandas de amparo procedió.

Bajo estos argumentos, en una sesión en Ginebra, Suiza, el Gobierno de México fijó su posición respecto a las recomendaciones que en febrero pasado emitió el Consejo de Derechos Humanos, como parte del Examen Periódico Universal al que fue sometido para revisar las condiciones de respeto a los derechos humanos que prevalecen en el país.

Hace cuatro meses la delegación mexicana aceptó 83 de las 91 recomendaciones emitidas y pidió un plazo para responder a las ocho restantes, que en su mayoría estaban vinculadas a la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública y los señalamientos de las violaciones a los derechos humanos cometidos por sus elementos.

Ayer el Gobierno mexicano estableció que cinco de las recomendaciones estaban "superadas o resueltas", descartó la abolición del arraigo, ya que se aseguró que esta figura no viola garantías y su aplicación implica estrictos controles legales y rechazó las dos relacionadas con la justicia militar.

En su informe el Gobierno reveló por primera vez que por violaciones a los derechos humanos, la justicia militar actualmente tiene seis casos en fase de integración de averiguación previa, y en tres casos se consignaron a 32 efectivos, mientras que se tienen registradas nueve sentencias condenatorias en contra de 14 elementos -aunque no precisa casos, cuándo ocurrieron los hechos, ni el rango de los militares implicados-.

"Por lo consiguiente, para el Estado mexicano la jurisdicción militar se está desempeñando eficientemente para prevenir, perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos que puedan ser cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones, por lo que la recomendación (de que los elementos del Ejército sean juzgados en el fuero civil) no es posible apoyarla".

La delegación mexicana encabezada por José Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reiteró además que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es temporal "auxiliando a las autoridades civiles a petición expresa de éstas", y durante el lapso en el que el Ejército ha cumplido con estas funciones ha aceptado todas las recomendaciones (hasta febrero pasado 17) que le ha formulado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



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