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Prisión a 27 funcionarios detenidos en Michoacán

26 de junio de 2009.

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de los 27 funcionarios y alcaldes de Michoacán, acusados de pertenecer a una red de protección de un grupo del crimen organizado, informó la Procuraduría General de la República.

Entre los funcionarios formalmente presos están siete presidentes municipales y cinco de los colaboradores más cercanos del gobernador Leonel Godoy: su ex asesora y ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández González; el ex procurador de Justicia, Miguel García Hurtado; el ex director del Instituto Estatal de Formación Policial, Mario Bautista Ramírez.

También fue otorgado auto de formal prisión en contra del ex subprocurador regional de Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez; el ex coordinador de asesores del procurador, Ramón Ponce Ponce, y el juez de primera instancia, Jaime Liera Álvarez.

"Como parte de las acciones en el marco del combate a la delincuencia organizada, el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito en Nayarit", los autos de formal prisión contra", dijo la PGR en un comunicado.

La PGR acusa a los funcionarios y ediles de "la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y agravado por su calidad de servidor público, así como contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de algún delito de esa naturaleza".

"Las investigaciones del Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO, permitieron establecer que los 27 ahora procesados presumiblemente aprovecharon su calidad de servidores públicos para realizar actividades que favorecían y fomentaban las actividades de narcotráfico de una organización criminal autodenominada, dice la PGR en su comunicado.

"Cabe destacar que a efecto de agotar las investigaciones que permitan resolver su situación jurídica, Audel Méndez Chávez, José Cortés Ramos y Osvaldo Esquivel Lucatero continúan bajo arraigo".





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