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Incrementa Congreso de Nuevo León penas contra asesinos de periodistas

10 de julio de 2009.

México, (CEPET). El pleno del Congreso del Estado de Nuevo León (norte de México) aprobó el pasado 29 de junio una reforma al Código Penal local que impone penas de hasta 35 años de prisión a los asesinos de periodistas o de los familiares de éstos, cuando se acredite que el homicidio obedeció a razones vinculadas con su actividad profesional.

El dictamen aprobado adiciona un artículo (el 313 Bis I) al Código Penal del Estado, que en situaciones ordinarias establecía una condena máxima de 25 años contra el responsable de cualquier homicidio. A partir de la modificación, se inserta una excepción que incrementa en diez años la pena por crímenes cometidos contra los profesionales de los medios de comunicación, sus cónyuges o parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado.

De acuerdo con las consideraciones incluidas en el dictamen, y atendiendo a los argumentos presentados la legislatura pasada por los autores de la iniciativa, los diputados María de la Luz Estrada, Ivonne Liliana Álvarez García y Rogelio Alejandro Pérez Arrambide, se destaca que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva, pues no sólo atenta contra el derecho a la vida de la víctima sino que vulnera la integridad de su familia y ataca a la sociedad, limitando su derecho a la información.

El hecho, observa el documento, se hace aún más grave por el efecto de autocensura que tiene sobre los demás trabajadores de la comunicación social el asesinato de un periodista cometido en razón de su labor. Y reconoce: “Estos efectos de agravan y amplifican cuando los Estados incumplen con su deber de investigar y sancionar los crímenes y se genera, en consecuencia, impunidad”.

Así, la redacción final del texto aprobado prescribe: “Artículo 313 Bis I.- Si se comprueba que el homicidio de quien labora en uno o más medios de comunicación, su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, se realizó como consecuencia de su labor profesional; con independencia de las penas aplicables de conformidad con el capítulo III de este Título, la sanción se agravará en diez años de prisión y multa de doscientas a mil cuotas”.

La nueva disposición entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León, una vez que el Ejecutivo local lo reciba del Congreso.





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