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Prioridad en la Corte tema del fuero militar

15 de julio de 2009.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ubicó el tema del fuero militar entre los temas más importantes y prioritarios a resolver durante su segundo periodo de sesiones que inicia el 3 de agosto próximo.

La revisión de los alcances y limitaciones del fuero militar, para saber si es posible que sean juzgados por civiles los elementos del Ejército que cometan delitos en sus tareas de lucha contra el crimen, dijo, es el punto número dos de la agenda "de grandes temas que nos esperan en las próximas deliberaciones en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia".

En este caso se ha concentrado la atención de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos que consideran que el fuero militar no debe ser un pretexto para que los militares no sean juzgados por civiles cuando incurran en delitos que afecten a la ciudadanía.

La Corte se pronunciará sobre este tema al revisar el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares en marzo de 2008, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la viajaban y que fue baleada no portaban ni armas ni droga.

DECEPCIONANTE QUE MÉXICO DEFIENDA EL FUERO MILITAR: HRW

En México no puede existir un régimen de excepción para investigar y castigar los delitos como el que se aplica a los militares, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.

Dijo que es "decepcionante" que el Gobierno mexicano insista en defender -incluso en foros internacionales- la aplicación del fuero castrense. Esto sólo se explica, señaló Vivanco, "como reflejo de la debilidad delGobierno de Felipe Calderón al depender cada vez más del Ejército en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico".

El representante de HRW reveló que la semana pasada envió una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para solicitarle información sobre las supuestas sentencias que existen contra militares acusados de violaciones graves a los derechos humanos, y que no ha recibido respuesta a la petición.





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