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Legislar para los medios comunitarios

15 de julio de 2009.

México D.F.-La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) ha sido especialmente activa en la defensa y promoción de los medios comunitarios en México. Su mayor logro fue conseguir, entre 2005 y 2006, once permisos para estas radiodifusoras. No es el único mérito: la denuncia pública de arbitrariedades y agresiones cometidas contra esta modalidad de medios y su defensa jurídica se hallan entre sus actividades más fecundas, a las que suman la divulgación de casos y experiencias como en el libro más reciente: Bases para una política pública en materia de libertad de expresión y medios comunitarios, cuyo título refleja la motivación, pero también el esfuerzo por alcanzar un auténtico reconocimiento jurídico de los medios comunitarios.

Con el auspicio de la Delegación de la Unión Europea en México, la Amarc reúne aportaciones para un documento que ofrezca el sustento y los fundamentos legales y sociales para la promoción de estos medios que cumplen una labor de creación de ciudadanía y ofrecimiento de contenidos de interés local o comunitario.

Estado omiso

Tras un panorama de la situación de la libertad de expresión en México –que sirve para justificar el derecho a existir de los medios comunitarios–, se exponen los casos de atentados a la misma. El perfil de la emisora, el contexto social, la descripción de las agresiones y el análisis jurídico hacen referencia tanto a acciones como a omisiones del Estado. En ambos escenarios se trata de situaciones graves porque es precisamente el Estado mexicano –teórica y prácticamente– el que debe garantizar y salvaguardar la libertad de expresión y la integridad física y material de los individuos.

No hace falta haber leído a Thomas Hobbes en su Leviatán para darse cuenta de que agresiones –de diversa magnitud pero todas ellas reprobables– a nueve emisoras comunitarias indican que algo no funciona, o lo hace en detrimento de la sociedad, en la ingeniería estatal. Subsiste la impresión de que trabajos como éste suplen la responsabilidad de la autoridad impartidora de justicia –ministerios públicos, jueces, magistrados– en la indagación, búsqueda de pesquisas y líneas de investigación. Queda claro que no existe un aparato judicial competente capaz de averiguar, encontrar a los culpables y sancionarlos. Los casos permanecen impunes.

El lado positivo –si lo hubiera– es que esta tarea de integración de casos favorece el asentamiento y profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, cuya encomienda consiste en dar la cara y la lucha por sus representados. Pero eso mismo es un síntoma de que, como dijera Hamlet, “hay algo podrido” en el país.

Un tanto farragosos –por repetitivos– resultan los apartados sobre legislación en radiodifusión, pero se entiende la intención de situar normativamente el tema de las radios comunitarias. La obra retoma la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte contra la llamada Ley Televisa y plantea una serie de principios para un marco regulatorio democrático: diversidad, contenidos, reconocimiento, acceso universal y tecnológico, reservas de espectro radioeléctrico, certeza jurídica, financiamiento, recursos públicos…

Todo ello para desembocar en el objetivo que da título al libro: las bases para una propuesta de políticas públicas. Ante el Estado omiso en el cumplimiento de sus obligaciones y la falta de acatamiento de los tratados y legislación internacionales, se proponen reformas constitucionales y en la ley secundaria en medidas como derogar preceptos violatorios en las recientes reformas penales, suprimir del artículo sexto de la Carta Magna la frase “ataque a la moral o provoque algún delito”, ampliar la competencia de los jueces, que el Ombudsman también conozca de restricciones a los derechos humanos por particulares y que se garantice la pluralidad mediática e informativa mediante el acceso a la radiodifusión: Éstos son algunos de los puntos que podrían debatirse más ampliamente de cara a la democratización del sistema de medios en México.





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