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Persecución a radios comunitarias

15 de julio de 2009.

México D.F.- El último acto del gobierno federal en contra de la libertad de expresión ha confirmado su débil compromiso con la misma. La Secretaría de Gobernación, a través de la Procuraduría General de la República, ha decidido adoptar procesos penales en contra de varias radiodifusoras comunitarias. La persecución penal de Héctor Camero y Rosa Cruz, ambos radiodifusores comunitarios de Radio Tierra y Libertad y Radio Huékakua, respectivamente, pone al descubierto la intención del gobierno de castigar con cárcel a personas que ejercen la libertad de expresión.

El 30 de junio, Héctor Camero, integrante de Tierra y Libertad, una radio comunitaria en Monterrey, fue indiciado por usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin licencia. La Ley de Bienes Nacionales en su artículo 150 contempla una pena de hasta 12 años de prisión por ese delito. Camero no ha sido arrestado gracias a que sus abogados interpusieron un amparo. Radio Tierra y Libertad ha proveído de información esencial de interés público a las comunidades de bajos recursos en Monterrey desde hace siete años.

Rosa Cruz forma parte de la comunidad purépecha en el estado de Michoacán y participa en la Radio Huékakua, la única estación que transmite en purépecha en toda la comunidad. El 29 de enero del presente año la estación fue clausurada por agentes de la policía federal. Durante el operativo, más de 100 agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) ocuparon la comunidad mediante el uso excesivo de la fuerza amenazando a la población. Al igual que Camero, ella enfrenta la posibilidad de ser encarcelada hasta por 12 años. La situación de Rosa Cruz es particularmente delicada debido a ser mujer, indígena y con un manejo limitado del castellano.

Ser encarcelados por 12 años es, según las leyes mexicanas, lo que se merecen los periodistas comunitarios. A pesar de ser reconocida la utilidad de ambas radios en su comunidad, el Ejecutivo federal ha decidido perseguirlas penalmente. Esto a pesar de que ambas radios solicitaron el permiso correspondiente para transmitir en 2002. Ninguna ha recibido hasta el momento una respuesta a sus solicitudes. En vez de preocuparse por meter a comunicadores comunitarios a la cárcel, la Secretaría de Gobernación debería promover un marco legal que se aleje de la discrecionalidad actual para otorgar los permisos. El marco legal vigente no reconoce ni promueve la radiodifusión comunitaria. De las mil 200 estaciones que operan en el país sólo 13 son radios comunitarias. Estas 13 radios comunitarias obtuvieron el permiso a pesar de no ser reconocidas por la ley y bajo un proceso con criterios absolutamente discrecionales.

Detener y meter a la cárcel a comunicadores comunitarios a todas luces parece desproporcionado e irracional. Ojalá las autoridades tuviesen tanta energía para perseguir las docenas de casos de agresiones y asesinatos de periodistas que la PGR, a través de su ineficaz fiscalía de delitos contra periodistas, decide mantener en la impunidad. La única razón porque se puede decidir perseguir penalmente a personas que comunican información de interés comunitario es simplemente la indolencia de la Secretaría de Gobernación por promover la diversidad y pluralidad de ideas y el respeto pleno a la libertad de expresión.

El papel fundamental de la radio comunitaria es ampliamente reconocido por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, así como por diversos instrumentos internacionales signados por México en los que se garantiza el derecho.

El hecho de no contar con un permiso de transmisión es culpa del gobierno. Su intransigencia para garantizar un proceso abierto, transparente e incluyente para sacar del limbo jurídico a las radios comunitarias orilla a las radios a cometer faltas administrativas, mas no delitos.

Resulta desatinado seguir procurando procesos discrecionales para otorgar permisos de transmisión. Resulta inadmisible meter a la cárcel a comunicadores cuya labor única es comunicar información de interés para su comunidad. Resulta incoherente que la Secretaría de Gobernación persiga a quienes ejercen el periodismo comunitario, y se aleje de buscar soluciones duraderas para detener las agresiones a los y las periodistas y medios de comunicación. Resulta insostenible que el gobierno federal afirme de manera categórica que la libertad de expresión está garantizada en esta incipiente democracia mexicana.





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