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Débil protección del Estado a periodistas

22 de julio de 2009.

México D.F., ).- Miguel Ángel Villagómez, dueño del periódico La Noticia, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue secuestrado el 10 de octubre de 2008. Un día después, en Guerrero, apareció su cuerpo con la evidencia de seis impactos de bala en la espalda y el tiro de gracia. A la fecha se desconoce quién o quiénes fueron los autores de este homicidio.

El 13 de febrero, Yeni Yuliana Marchán y Jean Paul Ibarra viajaban en una motoneta por la lateral de la carretera Iguala-Chilpancingo, Guerrero, cuando fueron alcanzados por otra moto desde la cual les dispararon. Ibarra cayó con dos impactos y en el suelo recibió el tiro de gracia. Yeni resultó herida por tres balas. También se ignora quiénes son los responsables del ataque.

El gobierno federal atribuye 78% de los ataques contra la prensa a los particulares y al crimen organizado, pero los grupos defensores de la libertad de expresión acusan a las autoridades de los tres niveles de gobierno de ser las responsables de al menos 49% de las agresiones.

José Luis Ortega, director editorial del diario Notisur de Coatzacoalcos, Veracruz, sufrió un accidente en marzo, cuando cayó en una fosa profunda al tratar de huir porque era perseguido por un ex regidor de la localidad, quien lo amenazó con una arma de fuego. En noviembre de 2008, el fotógrafo Israel García fue privado de su libertad por ocho horas por la policía federal en Baja California, luego de que capturó imágenes de varios vehículos de la corporación transitando por Mexicali.

Piden al Estado adoptar medidas

Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —y quien inicia hoy una visita informal a México— aclaró que sea quien sea el autor de esos ataques, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los periodistas e investigar estos hechos.

“Ningún Estado puede argumentar el desorden público, el caos o la debilidad en el tema de seguridad para no cumplir con su obligación de garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas y darles acceso a todas la situaciones”, destacó el experto de la ONU en una entrevista con KIOSKO.

Insistió en que la libertad de expresión es un derecho individual pero también colectivo, pues implica el derecho de un pueblo a manifestarse, pero también a estar enterado y construir su propia opinión, de tal forma que un atentado a la prensa vulnera las garantías de una sociedad.

Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) consideró, en su reciente informe (mayo pasado), que la situación del ejercicio periodístico en algunas regiones del país, sobre todo del norte, es de “extrema gravedad”, pues de 2006 a 2008 ocurrieron 17 asesinatos de comunicadores y hay “una insuficiente respuesta estatal” frente a estos crímenes.

En su reporte, la relatora deploró los ataques y exhortó al Estado a adoptar las medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad de los comunicadores y avanzar en la sanción a los responsables de estos actos, pues la impunidad “propicia la ocurrencia de nuevos delitos”.

El silencio

Activistas defensores de la libertad de expresión indicaron que el silencio y la inacción de las autoridades es lo que más afecta el ejercicio de este derecho en el país.

Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, el DF y Durango son los estados más peligrosos para el ejercicio periodístico, según el reporte elaborado por las organizaciones que forman parte de la campaña permanente en México “Te hace daño no saber”, pues en ellos se han cometido un promedio de 30 agresiones en contra de trabajadores de los medios de comunicación en los últimos tres años.

Pero hay otras entidades donde la alerta está en amarillo, pues en el periodo de referencia ocurrieron entre 11 y 20 agresiones; mientras que estados con alerta verde la incidencia es de 1 a 10.

El tipo de ataques son hechos en los que sí coinciden las organizaciones civiles y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de la PGR. Las más recurrentes son las amenazas, los homicidios y las lesiones. Las víctimas son en 39% los reporteros y directivos de los medios de comunicación escritos.

En el informe trimestral que comprende de abril a junio de este año el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la organización internacional Artículo 19 resaltaron que si bien el incremento en el número de agresiones contra la prensa sucede a la par de los operativos contra el crimen organizado, los ataques atribuidos a las bandas de la delincuencia ocurren ante la inactividad de las autoridades para proteger el ejercicio periodístico.

En entrevista, Darío Ramírez, director en México de Artículo 19, dijo que aún muchos de esos casos relacionados con el crimen organizado son perpetrados por autoridades, pues ocurren contra periodistas que documentaban actos de corrupción y vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.

“El gobierno federal basa el combate al crimen organizado en el establecimiento del imperio de la ley, pero su actitud ante los crímenes de periodistas es contraria, de un silencio y una omisión que más afectan la libertad de expresión. Además es macabro que en lugar de establecer mecanismos de protección para los periodistas, las autoridades se limiten a seguir contando a los muertos”, agregó.



Fiscalía, “cortina de humo”

El quinto informe periódico que presentó el gobierno en junio pasado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los avances en materia de libertad de expresión son la derogación en el Código Penal Federal de los delitos de calumnia, difamación e injuria; el acuerdo publicado por la PGR para garantizar a los periodistas su derecho a no revelar las fuentes de información y la creación, el 15 de febrero de 2006, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Brisa Maya, directora de Cencos, consideró que dicha fiscalía es una “cortina de humo”, pues resulta ineficaz desde el momento en que carece de autonomía, de las facultades y de los recursos que requeriría para afrontar esta situación.

“Esta es en parte la razón por la que el problema crece, porque la respuesta del Estado no se ve en términos reales y se justifica atribuyendo esos crímenes a la delincuencia organizada”, manifestó.

Este diario solicitó a la PGR la postura de dicha fiscalía pero no hubo respuesta.

En su informe, la relatora de la CIDH, destacó que las consecuencias de que el Estado no garantice la vida e integridad de los periodistas es que éstos tengan que elegir entre seguir arriesgando sus vidas y las de sus familiares o bien, abandonar sus investigaciones y ciudades de residencia o de trabajo.

Reiteró que la autocensura, el cierre de los medios y el abandono de la profesión son hechos cada vez más recurrentes ante la situación de vulnerabilidad.



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