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Libera la Corte a 22 acusados por Acteal

13 de agosto de 2009.

MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata y definitiva de 22 acusados de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997, y en los próximos seguramente beneficiará a otros 31 implicados

Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) y los jueces federales de instancias inferiores violaron gravemente las garantías procesales de los acusados y fabricaron pruebas y testimonios, en particular, una lista de responsables en que se basó la investigación.

La Corte concedió cuatro amparos a 26 quejosos, de los cuales 22 lo obtuvieron de manera "lisa y llana", es decir, para que se les libere de inmediato, mientras que cuatro sólo fueron amparados "para efectos", o sea, para que se les dicte nueva sentencia, por lo que seguirán presos.

Además fue rechazado un proyecto de sentencia del Ministro Sergio Valls, que negaba el amparo a 31 acusados.

Otro Ministro presentará en breve un nuevo proyecto en el que se otorgará la protección, aunque falta ver con qué efectos.

"No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables", afirmó el ministro José Ramón Cossío.

"Lo único que se está determinando es que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale en absoluto a un pronunciamiento sobre si, de facto, son o no inocentes".

Cossío agregó que las consecuencias que deriven de esta resolución no pueden ser imputadas a la Corte, sino a las autoridades que deben preservar la paz social en el país.



"No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra", dijo Juan Silva Meza, el único de los cinco ministros con experiencia de juez penal.

"Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir los delitos: sus acciones deben respetar siempre, escrupulosamente, el régimen constitucional y los derechos humamos".

Fue apenas la segunda vez en esta década que la Corte ejerció funciones de tribunal ordinario al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso penal.

En total, la PGR acusó a por lo menos 86 indígenas tzotziles por la matanza, algunos de los cuales ya fueron condenados en definitiva; también fueron procesados siete elementos de Seguridad Pública y un militar, por el traslado de armas.

La Corte afirmó ayer que prácticamente todos los fundamentos de la acusación fueron resultado de acciones ilícitas del Ministerio Público, avaladas indebidamente por los jueces.

La ministra Olga Sánchez Cordero, explicó que en el caso de los cuatro acusados cuyo caso revisó, el juez de distrito que dictó el auto de formal prisión agregó delitos de portación de armas de fuego, por los que la PGR ni siquiera había ejercido acción penal.



También desacreditó el testimonio de Agustín Arias Díaz, quien al día siguiente de la matanza exhibió una lista por escrito con nombres y apellidos de los responsables, pese a que no hablaba castellano, y luego declaró ante el juez que la lista se la dieron los judiciales.

Valls, único disidente, replicó que esta última declaración fue hecha siete años después de los hechos y que Arias no aportó ningún otro detalle sobre los supuestos "judiciales".

Para este caso, la dependencia, entonces encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar, designó una fiscalía especial a cargo de Efrén González Pola, que un año después de los hechos presentó un Libro Blanco sobre el caso Acteal.

Según la PGR, la matanza fue resultado de un largo conflicto entre indígenas aparentemente simpatizantes del EZLN y los que apoyaban al PRI, que en los meses previos, resultó en al menos 23 homicidios, la mayoría de priistas, que las autoridades de Chiapas nunca resolvieron.

Las conclusiones de la PGR fueron avaladas por diversos jueces de distrito y, posteriormente, por el magistrado de circuito Humberto Ruiz Velázquez, quien entre noviembre de 2007 y abril de 2008 dictó varias sentencias confirmando la responsabilidad de los acusados.

Ruiz, un veterano de 40 años en los tribunales, recibió en 1998 la medalla Ignacio L. Vallarta, el más alto reconocimiento que concede el Poder Judicial de la Federación.

'Tenemos miedo... se van a vengar'

Apenas se conoció que la Suprema Corte de Justicia había ordenado liberar a 20 acusados de la masacre de Acteal, Sebastián Pérez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas, reunió a sus acompañantes en un círculo y les dio la noticia en tzotzil.

Poco a poco, María Vázquez y Helena Pérez, dos de las sobrevivientes de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, escondieron sus rostros debajo de sus mantillas bordadas de flores y comenzaron a llorar.

"No nos abandonen", dijo María a quien la quisiera escuchar afuera de la Corte.

"Necesitamos apoyo, presencia, para que nos acompañen, para que sean testigos de qué está pasando allá cuando se libere a los presos culpables".



Los indígenas temen que con la decisión de los ministros la violencia regrese a la zona y ellos tengan que desplazarse otra vez, como ocurrió hace más de 12 años.

Para las casi 40 personas que llegaron de Acteal por la madrugada, cargando retratos de sus muertos, no importa que los ministros hayan aclarado que su decisión no significaba declarar inocentes a quienes fueron procesados por la matanza, que ellos sólo evaluaron la legalidad del procedimiento jurídico en su contra.

No importa porque saldrán libres quienes ellos consideran culpables, según reiteraron en sus declaraciones como testigos presenciales. No importa porque ellos temen que los liberados tomen venganza.



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